En medio del proceso electoral rumbo a las Elecciones 2026, el candidato a diputado por Piura Jacinto Llacsahuanga Céspedes, del partido Primero La Gente, cuestionó el funcionamiento del actual Congreso de la República y sostuvo que los partidos políticos que lo integran han conformado un “pacto de poder”.
Durante una entrevista en el programa Tú Decides, Llacsahuanga afirmó que su candidatura surge como una reacción frente al descontento ciudadano con la política tradicional y planteó que una de sus prioridades sería fortalecer la fiscalización de obras públicas, especialmente aquellas que permanecen paralizadas en Piura.
El postulante también señaló que el sistema político actual ha generado desconfianza en la ciudadanía, por lo que consideró necesario que nuevos actores participen en política para impulsar cambios en la gestión pública y en el control del uso de los recursos del Estado.
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Jacinto Llacsahuanga cuestiona el actual Congreso y habla de un pacto político en el poder
Uno de los principales cuestionamientos del candidato estuvo dirigido al funcionamiento del actual Parlamento. Según Llacsahuanga, las fuerzas políticas que hoy ocupan el Congreso han dejado de actuar desde posiciones ideológicas diferenciadas y, en su lugar, habrían consolidado acuerdos para mantener el control del poder.
El candidato señaló que, a su juicio, el Congreso ha impulsado decisiones que han debilitado instituciones del Estado y concentrado poder político. En ese sentido, mencionó como ejemplo la designación de autoridades en organismos constitucionales y los cambios en diversas normas aprobadas en los últimos años.
“Aquí ya no hay izquierdas ni derechas. Se han convertido en un pacto que se ha reunido para tomar el poder y repartirse el país”, afirmó durante la entrevista al referirse al escenario político nacional.
Para Llacsahuanga, esta situación ha contribuido a que la ciudadanía pierda confianza en la política y en sus representantes. En ese contexto, sostuvo que la participación de nuevas figuras políticas podría contribuir a renovar el debate dentro del Congreso.
Jacinto Llacsahuanga plantea fiscalizar empresas constructoras por obras inconclusas
Otro de los ejes de su discurso estuvo centrado en la fiscalización de obras públicas, especialmente en la región Piura, donde señaló que existen diversos proyectos paralizados o con retrasos significativos.
El candidato indicó que, en muchos casos, la responsabilidad por las fallas en las obras se atribuye únicamente a autoridades locales o regionales, mientras que —según sostuvo— las empresas constructoras no reciben el mismo nivel de escrutinio.
Llacsahuanga planteó que el Congreso debe revisar con mayor detalle la ejecución de los proyectos de infraestructura y analizar los expedientes técnicos y las adendas que se aprueban durante la ejecución de las obras.
“Cualquier diputado que revise un expediente y vea lo que está pasando con las famosas adendas de las obras va a encontrar muchas sorpresas”, sostuvo el candidato al referirse a posibles irregularidades en procesos de contratación y ejecución.
Asimismo, consideró necesario analizar el rol que cumplen las empresas constructoras dentro de los proyectos públicos, señalando que en algunos casos existirían vínculos entre financiamiento de campañas políticas y contratos de obra.
Obras paralizadas en Piura serían prioridad de fiscalización para Jacinto Llacsahuanga
El candidato también mencionó que, en caso de llegar al Congreso, una de sus prioridades sería fiscalizar obras paralizadas en la región Piura, entre ellas proyectos de infraestructura urbana y deportiva.
Llacsahuanga señaló que uno de los casos que buscaría investigar es el de una obra paralizada en el sector Santa Julia, en el distrito de Veintiséis de Octubre, la cual —según indicó— lleva aproximadamente un año sin avances.
El postulante también mencionó la necesidad de revisar el estado de obras en el centro de Piura, en el distrito de Catacaos y en el estadio Miguel Grau, proyectos que han sido objeto de cuestionamientos por retrasos o problemas técnicos.
De acuerdo con su planteamiento, la labor de fiscalización del Congreso debería coordinarse con entidades como la Contraloría General de la República, con el objetivo de identificar responsabilidades y garantizar que los proyectos se concluyan en beneficio de la población.
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