Un decreto de urgencia para reorganizar los activos de Petroperú viene siendo preparado por el Ejecutivo, según información preliminar vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas. La medida estaría orientada a redefinir la estructura de la empresa estatal y permitir la participación privada en la gestión de determinados activos, entre ellos la Refinería de Talara. El proceso sería impulsado sin recurrir a nuevos recursos del Tesoro Público y en un contexto de preocupación por la situación financiera de la petrolera.
Reorganización de Petroperú mediante bloques patrimoniales
La reorganización de Petroperú sería planteada a través de la división de la empresa en bloques patrimoniales. Bajo este esquema, activos, contratos, licencias y permisos serían agrupados y transferidos a unidades de administración independientes. De esta manera, una gestión autónoma de cada bloque sería habilitada, permitiendo que las actuales unidades integradas sean separadas dentro de la estructura corporativa.
Entre los activos considerados se encontraría la Refinería de Talara, proyecto energético cuya inversión supera los US$5.000 millones. Según el borrador, normas previas que protegían la integridad de esta infraestructura durante su modernización quedarían sin efecto, lo que abriría la posibilidad de un nuevo modelo de gestión.
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ProInversión asumiría la reorganización de activos estratégicos
El proyecto normativo incorporaría a Petroperú al marco del Decreto Legislativo 674, que regula procesos de privatización y concesión. Con esta medida, ProInversión tendría la facultad de definir el modelo de promoción de inversión privada para cada bloque patrimonial, sin requerir aprobación previa del Congreso.
Además, la agencia asumiría la representación de los derechos económicos y políticos de los activos reorganizados. También podría tomar decisiones estratégicas y seleccionar a los operadores encargados de su gestión. Estas disposiciones serían de cumplimiento obligatorio para la alta dirección de Petroperú, que tendría un plazo máximo de cinco días hábiles para ejecutarlas.
Contexto financiero y alcance del decreto de urgencia
El Gobierno sustenta el decreto en un escenario de “riesgo inminente” para la operatividad de Petroperú. Este riesgo se relaciona, principalmente, con la adquisición de crudo y derivados. Por ello, el Ejecutivo plantea una acción urgente orientada a evitar un mayor deterioro financiero de la empresa estatal.
Aunque el decreto aún no ha sido publicado de manera oficial, su contenido preliminar ya genera debate. En particular, se discuten sus posibles implicancias económicas y políticas. Asimismo, en caso de aprobarse, la norma permitiría una reestructuración inédita en los últimos años. De este modo, se abriría la posibilidad de una mayor participación privada en activos considerados estratégicos.
