Ante el crecimiento de la violencia y el crimen organizado en diversas regiones del país, voces del ámbito jurídico proponen medidas más severas como la pena de muerte y reformas penitenciarias radicales. El abogado Juan Mejía Seminario plantea un enfoque que prioriza los derechos de la sociedad frente a los derechos de quienes cometen delitos graves.
Una visión crítica sobre los derechos humanos en el Perú
Juan Mejía sostiene que la concepción tradicional de los derechos humanos continúa priorizando a los individuos procesados por delitos graves, sin considerar el impacto colectivo que estos generan en la sociedad. Según su análisis, “la concepción antigua de los Derechos Humanos que aún domina el mundo es aquella que en realidad se preocupa del delincuente que agravia la sociedad”.
Mejía señala que este enfoque fue funcional cuando los niveles de delincuencia eran bajos. Sin embargo, en el contexto actual, donde se observa un incremento de crímenes como el sicariato, el terrorismo y los ataques en banda, considera necesaria una “nueva arquitectura jurídica social” que redefina las prioridades del Estado.
Entre sus propuestas destaca una política penitenciaria más estricta, que incluya la eliminación total de beneficios carcelarios para delitos como asesinato, violación y sicariato. Plantea también que las familias de los reclusos asuman el costo de su manutención y que los internos contribuyan a la sociedad realizando trabajos en obras públicas.
Reformas urgentes frente a la inseguridad ciudadana
En su propuesta, Mejía Seminario afirma que los índices han demostrado que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio en la criminalidad. Por ello, considera que esta medida debe ser debatida y analizada como parte de una estrategia más amplia para combatir la inseguridad ciudadana en el país.
Asimismo, propone una política más agresiva para frenar el avance del delito, apelando a medidas similares a las aplicadas en países como El Salvador. “El Perú necesita una nueva arquitectura jurídica social que reenfoque el tema de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no individuales de uno o unos pocos ciudadanos que han cometido graves delitos, sino los derechos humanos de toda la sociedad violentada”, asegura.
La preocupación del abogado se centra en los efectos que la inseguridad genera especialmente en los jóvenes y emprendedores, quienes, según indica, están recuperando el temor al futuro debido al crecimiento de la violencia en el país.