La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Piura (UNP) ha generado controversia tras designar nuevamente a Enrique Cáceres Florián como rector encargado, en un contexto de cuestionamientos al proceso electoral recientemente anulado. La medida ocurre mientras diversos sectores de la comunidad universitaria convocan a manifestaciones para rechazar la decisión del Comité Electoral.
Asamblea Universitaria ratifica a Enrique Cáceres como rector encargado
Con 46 votos a favor, la Asamblea Universitaria decidió mantener a Enrique Cáceres Florián como rector encargado de la Universidad Nacional de Piura. Esta decisión se produce después de la anulación del proceso electoral universitario complementario realizado los días 8 y 9 de julio, en el que el candidato José Ordinola Boyer resultó vencedor.
El Comité Electoral de la UNP declaró nulo el proceso mediante la Resolución N.° 020-PECR-CE-UNP-2025, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Según el documento, se identificaron presuntas irregularidades como propaganda electoral en el campus, doble votación, manipulación de electores y discrepancias entre el número de votantes registrados y los votos emitidos.
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Cáceres Florián evitó brindar declaraciones tras su designación y se retiró del campus universitario acompañado por personal de seguridad.
Rechazo y acciones legales tras la anulación del proceso electoral en la UNP
Horas antes de la designación, se realizó un plantón frente al rectorado de la UNP, convocado por estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil. La manifestación tuvo lugar el lunes 21 de julio a las 9:00 a.m. y fue organizada en rechazo a la anulación del proceso electoral complementario.
El ganador de los comicios anulados, José Ordinola Boyer, representante del movimiento Dignidad Universitaria, presentó una acción de amparo ante el Juzgado Mixto de Castilla, solicitando que se declare la invalidez de la resolución que dejó sin efecto el proceso.
Además, la docente Socorro Granda interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal de Castilla contra los miembros del Comité Electoral que firmaron la resolución. La denuncia cuestiona la legalidad del documento y las motivaciones detrás de la anulación del proceso.
