Ocho iniciativas legislativas han sido presentadas por parlamentarios de diversas bancadas con un objetivo común: dejar sin efecto el Decreto Supremo 136-2025-EF, mediante el cual se incrementó en 122.3% la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte. Las propuestas buscan ser debatidas y sometidas a votación en la Comisión Permanente durante el actual receso legislativo, y luego en la segunda legislatura que inicia el 27 de julio.
Solicitan votación inmediata en la Comisión Permanente del Congreso
La legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, señaló que la mayoría de bancadas —exceptuando Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular— coincide en la necesidad de derogar el decreto que elevó el salario presidencial. Según declaró, el aumento no responde a criterios técnicos sino que representa “una evidencia inmoral y antiética”.
“Es un aumento descarado”, sostuvo, y pidió que la Comisión Permanente proceda con una primera votación para acelerar el proceso legislativo. Según el procedimiento, las propuestas deben pasar por dos votaciones, la segunda de las cuales se realizaría cuando se reanude la legislatura ordinaria el 27 de julio.
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Decreto implica aumento de más de S/460 mil hasta el fin del mandato
El Decreto Supremo 136-2025-EF, oficializado recientemente, implicará que la presidenta Boluarte reciba ingresos adicionales por S/462,384 hasta el final de su gestión en julio de 2026. A esta cifra se suman los pagos por concepto de aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, estimados en S/300 cada uno, de acuerdo con el régimen del Decreto Legislativo 276 bajo el cual se encuentra la mandataria.
El abogado laboralista Ricardo Herrera explicó que dicho régimen corresponde a los trabajadores del sector público y que los aguinaldos ya están considerados en la Ley de Presupuesto.
Pensiones y beneficios tras dejar el cargo presidencial
En relación con la pensión que percibirá Boluarte una vez que concluya su mandato, Herrera indicó que la Ley 26519 establece que el beneficio equivale al salario de un congresista en ejercicio, el cual actualmente asciende a S/15,600 mensuales. Sin embargo, este monto podría variar si se incrementa la remuneración congresal en el futuro.
El especialista también advirtió que la situación previsional de la jefa de Estado es “doblemente privilegiada”, ya que tendría acceso a la denominada cédula viva —un régimen de jubilación eliminado en 2004— por haber ocupado la presidencia durante cinco años. En ese sentido, consideró que el Congreso debería evaluar si corresponde mantener o suprimir dicho beneficio, lo cual, según explicó, podría hacerse mediante una ley ordinaria sin necesidad de reforma constitucional.
