La empresa constructora española San José se encuentra actualmente en la fase final de una licitación para la construcción de un conjunto de hospitales en la región de Piura, bajo la supervisión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Sin embargo, la compañía está involucrada en un escándalo de corrupción y continúa participando en proyectos gubernamentales.
San José está siendo objeto de una investigación por parte de la fiscalía debido a las alegaciones de presunto favorecimiento por parte del ex director ejecutivo de Provías Nacional y ex ministro de Transportes durante el gobierno de Martín Vizcarra, Carlos Lozada Contreras.
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Acusación
La acusación legal, formalizada en febrero de 2020, se relaciona con la alegación de un favoritismo indebido en la celebración de un contrato por un valor superior a 242 millones de soles destinado a la construcción de la carretera Checca-Mazocruz, ubicada en la región de Puno.
Según lo argumentado por el Ministerio Público, la empresa habría proporcionado información que resultó ser falsa o inexacta durante el proceso de firma del contrato y, además, no cumplió con la entrega de todos los documentos requeridos según los términos de la licitación.
En este contexto, se sostiene que la constructora San José habría recibido supuestamente el respaldo irregular del exministro Lozada, un hecho que se hizo público gracias a una denuncia presentada por una de las empresas participantes en la licitación.
Sin embargo, lo más crítico es que dos años después de la firma del contrato, la empresa abandonó el proyecto cuando solo se había completado un 40% del mismo, lo que obligó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a rescindir el contrato.
Los presuntos hechos de corrupción datan del 2018, y a pesar de que vienen siendo investigados por la Fiscalía, y fueron presentados en un reportaje de Cuarto Poder, la empresa ha logrado reciclarse.
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¿España?
Junto con otras destacadas empresas españolas que operan en Perú, esta compañía ha sido objeto de acusaciones por parte del Ministerio Fiscal español.
Estas acusaciones se han trasladado al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien ha documentado un total de 33 proyectos que supuestamente se adjudicaron de manera irregular durante el mandato de Esperanza Aguirre.
Asimismo, en el año 2018, San José fue una de las 8 constructoras imputadas por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros en la construcción de tres tramos de la línea del Tren AVE a Murcia.
En su escrito, la jueza Olga Reverte considera que estas sociedades pudieron ser «posibles autores/cooperadores necesarios de los delitos continuados de estafa y falsedad documental».
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