Un congresista de Unión por el Perú (UPP) presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública que el Gobierno peruano se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocido como el Pacto de San José.
Se trata de la propuesta legislativa 6131/2020-CR, que presentó el parlamentario Rubén Ramos Zapana, de UPP.
El documento señala lo siguiente:
“Al imponernos prohibiciones respecto a las decisiones que deberían ser tomadas de forma democrática por los ciudadanos del Perú, como por ejemplo el disponer la Pena de Muerte para los gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos, así como para los violadores de niños, y delincuentes avezados, que hacen mucho daño a la sociedad y que no pueden regenerarse o resocializarse, nos impiden ser un país que puede tomar decisiones de forma autónoma y democrática sobre asuntos internos”.
Asimismo, el documento recuerda que la “principal barrera” para implantar la pena de muerte en el Perú es la pertenencia al Pacto de San José.
Sobre esto, Rubén Ramos criticó que nuestro país haya ratificado la Convención Americana en 1978, durante el gobierno militar. Ello, sin “ninguna consulta al pueblo”.
Además, cuestionó que el gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000-2001), “por simples temas ideológicos”, haya retirado la denuncia al Pacto de San José, “volviendo a perjudicar a los peruanos».
Por ello, la bancada de UPP resaló la necesidad de denunciar el Pacto de San José y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser “lesiva” para nuestro país y “entrar en permanente conflicto” con nuestra normativa.
Cabe indicar que la instauración de la pena de muerte para los sentenciados por corrupción forma parte de las propuestas de UPP. También la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.
