Si algo ha marcado el primer año del Gobierno de izquierda del presidente Pedro Castillo ha sido la absoluta incapacidad para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía y los escándalos de corrupción.
La destrucción de la tecnocracia y la institucionalidad del aparato público han sido evidentes. Sacaron a funcionarios con experiencia en todos los sectores y hubo un proceso intensivo de copamiento de las instituciones públicas con allegados al partido gobernante. El costo es enorme. Incapacidad absoluta para resolver los problemas de la población. Llegaron para servirse y no para servir al país. La corrupción sería el modus operandi.
Este Gobierno le dio la espalda al agro y se engañó a los hombres y las mujeres del campo. Lanzaron una segunda reforma agraria que solo fue un mensaje populista vacío, sin acciones concretas para mejorar las condiciones de la pequeña agricultura. No se tomaron acciones para mejorar la productividad del agro, no se articularon programas de asistencia técnica, no se trabajó por mejorar el acceso al agua con obras de irrigación ni se amplió el uso de semillas mejoradas.
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Tampoco se articularon acciones oportunas que permitieran estar listos para enfrentar la crisis alimentaria global. Después de varios cambios de ministros y funcionarios en el sector, además de improvisación e irregularidades en la compra de fertilizantes, hoy nos enfrentamos a problemas de precios y acceso a los alimentos.
En el sector minero, el Gobierno se dedicó irresponsablemente, desde el inicio de su mandato, a echar leña a los conflictos sociales en un activo rol de azuzador. El resultado: perdimos la oportunidad de atraer inversiones en un ciclo alto de precios de minerales, que ya se desvanece. Eso significa inversiones, empleos, recursos públicos y desarrollo regional que no tendremos por una ideología política que solo genera atraso, enfrentamientos y pobreza.
Otro “logro” de este primer año de Gobierno ha sido la parálisis de la inversión pública y privada. En el primer semestre, el Gobierno nacional ejecutó casi S/ 1,000 millones menos que en el mismo periodo del año pasado. Con ese dinero se pudo haber construido e implementado 5 hospitales modernos en el país. Este es el costo de la falta de capacidades de los funcionarios que han tomado el poder. Recursos que no se ejecutan, obras que no llegan a los más pobres.
La inversión privada está absolutamente congelada y la confianza empresarial, deprimida. Este Gobierno de izquierda se volvió enemigo de la inversión privada. Hoy, ni grandes medianos o pequeños empresarios apuestan por el país; ni invierten su dinero en una fábrica, una mina, una bodega, un taller o un puesto en el mercado. La incertidumbre, la desconfianza, el caos, la inseguridad y la falta de respuestas ante la crisis inflacionaria y alimentaria solo pintan un panorama sombrío para el país. Sin inversión privada no habrá empleo ni oportunidades.
A esto se suman consejos descentralizados que, en realidad, son mítines políticos en los que abundan el populismo y una campaña pro-Asamblea Constituyente, y que generan un despilfarro de recursos que es imperdonable.
Este es el balance del primer año de Gobierno. ¡Basta ya! Los peruanos no podemos permitir que la incapacidad y la corrupción tomen este país.
