El proceso por la desaparición y presunto homicidio de Anthony Camizán Guerrero dio un giro clave tras localizarse su iPhone 11 en la provincia de Morropón, más de tres años después de los hechos. El rastreo del IMEI permitió ubicar el dispositivo en manos del suboficial Mell Gipson Sancarranco Vega, actualmente detenido e investigado por encubrimiento real y obstrucción a la justicia agravada.
La Fiscalía sostiene que el celular llegó a Sancarranco por el suboficial Edixon Rone Córdova Godos, principal sospechoso de la desaparición del estudiante. Para la familia, este hallazgo constituye la primera prueba directa de que pertenencias de Anthony terminaron bajo control de policías sin que ello se reporte, a pesar del valor probatorio del equipo.
Primer indicio directo que involucra a agentes
Documentos, testigos y peritajes dan cuenta de que el aparato circuló entre ambos policías. Un testimonio relevante es el de Maryury Yomira Sancarranco Távara, quien señaló que el suboficial Mell Sancarranco decidió vender el celular de la víctima.
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Además, la Fiscalía detalla que las comunicaciones telefónicas y la geolocalización revelan contacto constante entre Córdova Godos y Sancarranco desde el 21 de agosto de 2022, fecha de la desaparición. Para el Ministerio Público, este patrón sugiere acciones coordinadas destinadas a ocultar información clave.
Una fuente vinculada al caso confirmó que el levantamiento de comunicaciones, realizado recién este 2025, desmontó la versión de Sancarranco, quien inicialmente negó cualquier vínculo con Córdova Godos. Sin embargo, en una declaración reciente —con su abogado presente— el suboficial admitió que el iPhone de Anthony se lo entregó Córdova.
Familia exige prisión preventiva para el principal sospechoso
Con estos nuevos indicios, los deudos reiteraron su pedido para que la Fiscalía solicite prisión preventiva contra Edixon Córdova Godos, alegando riesgo de fuga y posible interferencia en el proceso.
Junior Camizán, hermano del joven desaparecido, remarcó que el hallazgo confirma un intento sistemático por borrar evidencias:
“No solo se llevaron a mi hermano, también intentaron borrar todo rastro que llevara a la verdad”.
La familia agradeció a los policías que sí han colaborado, pero cuestionó a quienes —según afirman— usaron su cargo para encubrir un crimen. También destacaron la labor de sus abogados, la Dra. Liliana Ulloa Beteta y el Dr. Raúl Coloma Barrios, quienes impulsaron diligencias que permitieron recuperar el celular y avanzar en la investigación.
El descubrimiento del equipo móvil es considerado un punto de quiebre en el caso. Esto debido a que refuerza la hipótesis de encubrimiento y abre nuevas líneas para determinar responsabilidades.
