La Contraloría General detectó una situación adversa en la conformidad del servicio de descolmatación del río Piura- Tramo VI, comprendido desde la caída Curumuy hasta Chapairá, cuyo monto contractual supera los S/ 7 millones y que busca prevenir desastres como los ocurridos durante el fenómeno El Niño. Los trabajos se realizaron en el marco de la Reconstrucción con Cambios.
Este riesgo está detallado en el Informe de Control Concurrente N°607-2018-CG/GRPI-CC correspondiente al Hito N° 4: Conformidad de servicio, el cual fue notificado al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), para que valore el hecho advertido y disponga las medidas correctivas pertinentes.
Asimismo, el documento elaborado por un equipo de auditores de la Gerencia de Control de Piura se encuentra publicado en Buscador de Informes de Servicios de Control, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.
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Riesgo identificado:
La entidad no adoptó acciones orientadas a cautelar que el contratista ejecute realmente el volumen de movimiento de tierra pagado, equivalente al 96,90% del total previsto en la ficha técnica definitiva, de acuerdo a las condiciones contractuales.
La Contraloría verificó con un control topográfico que solo retiró del cauce del río un volumen de 1´189,945.74 metros cúbicos, equivalente a solo el 81,56% de lo programado, sin embargo, pagó como si se hubiera retirado el total, cuando había una diferencia faltante de más de 224 mil metros cúbicos, valorizado en más de un millón de soles.
Incluso, en el acta de recepción y conformidad, del 14 de febrero de 2018, que firman la entidad y la contratista se deja constancia de la culminación del servicio por un volumen ejecutado que asciende a 1´414,496.56 m3. Hasta el momento la entidad no ha respondido al órgano de control.
La Contraloría General de la República reafirma su labor de control a fin de promover un desarrollo de labor eficaz y eficiente en las contrataciones de bienes, servicios y obras en beneficio de la ciudadanía.
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