En entrevista con Impulso Norte, el abogado Diego San Martín, director del área de Derecho Minero del estudio Caro & Asociados, explicó la problemática que atraviesa el país con la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un tema que ha generado protestas en distintas regiones del país.
San Martín recordó que la formalización minera se implementó en 2002 como una vía para que los pequeños productores pudieran obtener los permisos necesarios y contribuir al fisco. Sin embargo, más de veinte años después, solo entre el 2% y 3% de los inscritos han logrado formalizarse, lo que evidencia que el proceso “no ha cumplido su propósito”.
“Hoy el Reinfo se ha convertido para muchos en un salvoconducto que permite seguir operando sin concesión minera ni títulos habilitantes. El sistema ha sido pervertido y eso alimenta la ilegalidad”, sostuvo el especialista.
Únete al canal de WhatsApp
El abogado señaló que la falta de resultados se debe a múltiples factores, como la escasa fiscalización, la carencia de financiamiento y, en otros casos, la comodidad de algunos mineros informales que prefieren mantenerse fuera de la legalidad.
San Martín explicó que, aunque el Reinfo vence el 31 de diciembre de 2025, gremios como la Confemin están solicitando una nueva prórroga de hasta cinco años. No obstante, advirtió que “una ampliación solo postergaría el problema y beneficiaría a las mafias que se aprovechan del sistema”.
“El régimen está completamente pervertido porque el delincuente necesita más informales. Con un Reinfo activo, puede adquirir explosivos o mover recursos sin control”, precisó.
El especialista recordó que, en 2025, el Ministerio de Energía y Minas excluyó a más de 50 mil personas naturales y jurídicas del registro, lo que ha generado tensión entre los mineros y el Congreso.
“Si el Estado no define una estrategia clara y sigue prorrogando, el país enfrentará una olla a presión. No hay argumentos técnicos para una nueva ampliación, solo decisiones políticas”, subrayó San Martín.
Minería ilegal: el delito económico que más golpea al país
El abogado destacó que la minería ilegal se ha convertido en el principal delito económico del Perú, generando pérdidas equivalentes a más del 2% del PBI nacional cada año.
“Es un problema no solo económico, sino también social, ambiental y político. La minería ilegal se financia con oro extraído de manera ilícita y alimenta una cadena delictiva que incluye narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y trata de personas”, detalló.
San Martín explicó que la región Piura enfrenta un caso particular debido a la creciente extracción ilegal de oro en zonas como Suyo y Ayabaca, donde más del 80% de los mineros informales se encuentran suspendidos en el Reinfo.
“Piura tiene un enorme potencial aurífero, pero también una débil institucionalidad. Las mafias controlan áreas enteras y se aprovechan de la escasa fiscalización y la corrupción”, indicó.
Además, advirtió que la alta cotización del oro —superior a 100 mil dólares por kilo— incentiva aún más la expansión de la minería ilegal y los conflictos sociales.
“Si el Estado no actúa con firmeza, el vínculo entre la minería ilegal y el crimen organizado seguirá creciendo. Hoy el Perú necesita una nueva estrategia de formalización, con controles reales y sin exenciones de responsabilidad penal”, enfatizó.
