La región Piura enfrenta un escenario minero con dos dinámicas opuestas. Por un lado, la minería formal proyecta inversión, generación de empleo y mejoras en servicios básicos. Por otro, la minería ilegal e informal continúa expandiéndose en provincias como Suyo, Las Lomas y Ayabaca, con efectos directos en la contaminación de suelos y fuentes de agua, además de conflictos sociales.
El docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad César Vallejo, ingeniero Eusebio Cruz, precisó que la minería ilegal opera en zonas donde el Estado prohíbe toda actividad extractiva, incluidas áreas naturales protegidas, lo que impide su formalización. En cambio, la minería informal puede regularizarse si cumple con los requisitos técnicos, ambientales y administrativos establecidos por la normativa vigente.
Ambas actividades generan impactos negativos cuando operan al margen de la ley. La extracción ilegal contamina ríos y suelos con relaves, no aporta canon ni regalías y se vincula a delitos como la trata de personas y el desorden social en las zonas de influencia. Esto reduce los recursos públicos disponibles para obras y programas sociales en la región.
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El contraste con lo formal
En contraste, la minería formal es presentada como un motor de desarrollo cuando cumple con estudios de impacto ambiental, pago de impuestos y planes de cierre de minas. Este modelo genera empleo directo e indirecto y dinamiza actividades conexas como transporte, hospedaje y alimentación, con efecto multiplicador en las economías locales.
Cruz advirtió que la paralización de proyectos formales podría facilitar la expansión de la minería ilegal en Piura. En ese contexto, instó a las autoridades a fortalecer la fiscalización, promover el diálogo entre empresas y comunidades y evaluar los beneficios económicos y sociales de las inversiones formales.
El especialista recordó que la minería está presente en múltiples bienes de uso cotidiano, por lo que planteó la necesidad de impulsar una actividad responsable y regulada que contribuya al crecimiento económico regional, reduzca brechas en zonas vulnerables y frene el avance de operaciones ilícitas, consideradas una de las principales amenazas ambientales y sociales de Piura.
