Luego de haberse vencido el plazo de tres días para que el contratista realice el depósito de dinero en la cuenta mancomunada que se aperturó para la intervención económica, el Proyecto Alto Piura procedió, tal como lo establece la Ley de Contrataciones, a emitir la resolución gerencial general Nº 063-2018, que dispone resolver de pleno derecho el contrato con el consorcio Obrainsa-Astaldi por la paralización injustificada de las obras y por no aceptar la intervención económica, informó Marco Vargas Trelles, gerente general del Peihap.
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Indicó que la semana pasada, Marco Marchetti, representante legal del consorcio Obrainsa-Astaldi, firmó la apertura de la cuenta mancomunada junto con el representante del Proyecto Alto Piura, a partir de entonces el contratista tenía tres días hábiles para hacer efectivo el depósito de 20 millones de soles, sin embargo el lunes 22 del presente venció el plazo que estable la Ley y al no haberse realizado el aporte correspondiente, se procedió a la resolución de contrato.
“Asimismo, se ha procedido a cancelar la intervención económica, debido a la negativa del consorcio Obrainsa-Astaldi para la suscripción de la adenda y consecuente negativa a realizar el aporte en efectivo correspondiente”, señaló Marco Vargas.
Explicó que el contratista ha señalado mediante una carta que no ha suscrito la adenda, porque en la cuenta mancomunada también debería considerarse el depósito, por parte del Proyecto Alto Piura, de los gastos generales y ampliaciones de plazo que han sido negadas por el PEIHAP y que están actualmente en proceso de arbitraje.
Manifestó que el Peihap al ser un proyecto declarado de interés regional y nacional, el Gobierno Regional y el Proyecto Alto Piura han realizado todas las acciones necesarias, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y su reglamento, con el objetivo de preservar la finalidad pública del contrato.
“En aras de la continuidad las obras de perforación del túnel de trasvase y construcción de la presa tronera sur, se decidió por la intervención económica, sin embargo, como se puede constatar en todos los documentos emitidos por el contratista, se evidencia una mala intención de alargar el proceso iniciado y dejando claro que hasta el final el Peihap mantuvo la voluntad de proseguir con la ejecución de la obra”, expresó Vargas.
Sin embargo, el contratista mediante argucias legales, ha conseguido que un juez emita una medida cautelar que impide al Peihap hacer efectivas las cartas fianzas, la cual ha sido planteada en Lima, a pesar que los domicilios legales de la entidad y del contratista son en Piura.
Además, a medida que el contratista ha presentado los documentos, iba aumentando sus requerimientos y exigencias, que a todas luces son inviables y van contra la Ley y su reglamento. Todo ello con la finalidad de sacar provecho a la necesidad del Gobierno Regional Piura, de continuar con la ejecución del proyecto.
Recalcó que todas las acciones tomadas por el Gobierno Regional y por el Proyecto Alto Piura están debidamentente sustentadas, detalladas y documentadas, además se han realizado las consultas respectivas a la Contraloría General de la República y a especialistas de los colegios profesionales y universidades de Piura.
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