El debate legislativo sobre la reducción del plazo de las concesiones mineras de 30 a 15 años ha puesto en agenda los principales desafíos del sector extractivo. En este contexto, Diego San Martín Villaverde, director del área de derecho minero del estudio Caro y asociados, advierte que la discusión no solo involucra la titularidad de los recursos, sino también factores estructurales como la burocracia, la seguridad jurídica y el avance de la minería ilegal.
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Concesiones mineras en Perú y el debate sobre plazos de vigencia
Actualmente, el Congreso evalúa modificar el periodo de vigencia de las concesiones mineras bajo el argumento de que existen áreas sin actividad productiva. Esta propuesta se sustenta en la idea de las denominadas “concesiones ociosas”, un término que ha generado cuestionamientos desde el ámbito técnico y legal.
Según el especialista en derecho minero, Diego San Martín Villaverde, la discusión parte de un diagnóstico incompleto sobre el funcionamiento del sector. “La comisión ha elaborado un concepto distinto, que en realidad no tiene un fundamento, lo ha llamado concesiones ociosas y por ahí pasa un poco la discusión”, explicó.
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Villaverde indicó que la discusión no solo responde a criterios técnicos, sino que también estaría influenciada por factores políticos. “Muchas veces esta discusión se torna hacia el lado ideológico”, señaló en una entrevista al programa Impulso Norte.
En esa línea, advirtió que el enfoque adoptado en el debate legislativo podría no abordar las causas estructurales del problema, como la burocracia, los conflictos socioambientales y la falta de capacidad institucional. “Se está planteando un remedio que al final va a ser mucho peor que la enfermedad”, agregó.
De acuerdo con el especialista, solo el 1.3% del territorio nacional se encuentra en explotación minera, lo que evidencia que la mayor parte del país no está siendo utilizada para esta actividad.
Asimismo, indicó que el desarrollo de un proyecto minero implica procesos prolongados. Se estima que pueden pasar entre 10 y 12 años para obtener permisos sociales y ambientales, mientras que el tiempo total para que una concesión se convierta en una operación minera puede alcanzar hasta 40 años.
Burocracia, inversión minera y seguridad jurídica
Uno de los principales factores que impactan en el desarrollo del sector es la carga administrativa. El especialista señala que el problema central no radica en la duración de las concesiones, sino en los tiempos y procedimientos del Estado para otorgar autorizaciones.
“La burocracia, la falta de infraestructura o incluso el aumento de economías ilegales generan incertidumbre e inseguridad”, indicó.
En ese sentido, se advierte que una reducción en los plazos podría generar presión sobre las empresas formales para acelerar procesos, lo que no necesariamente resolvería los problemas estructurales. Además, se menciona que esta medida podría afectar la seguridad jurídica, entendida como la estabilidad de las reglas que permiten desarrollar inversiones a largo plazo.
El especialista también advirtió que cambios abruptos en la normativa podrían derivar en acciones legales por parte de inversionistas, incluyendo procesos de arbitraje internacional.
Minería ilegal y riesgos en el sector extractivo
El debate sobre concesiones también se vincula con el crecimiento de la minería ilegal, considerada uno de los principales delitos económicos en el país. Esta actividad no solo impacta en la economía formal, sino que también está asociada a otros delitos.
“Es más, la minería ilegal es aquella que sirve para financiar otros tipos penales, extorsión, sicariato, trata de personas, narcotráfico”, señaló.
Asimismo, se cuestiona la efectividad de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya implementación ha sido prorrogada en múltiples ocasiones sin lograr resultados significativos en la formalización del sector.
En este escenario, expertos advierten que una mayor presión sobre la minería formal podría generar espacios que sean aprovechados por actores informales o ilegales.
Competitividad minera y contexto internacional
El análisis también incluye el entorno global, donde países competidores buscan atraer inversiones en minería, especialmente en el contexto de la transición energética y la alta demanda de minerales como el cobre.
Se menciona que decisiones regulatorias internas podrían afectar la competitividad del país frente a otras jurisdicciones. En ese sentido, se advierte que algunas empresas podrían optar por trasladar sus inversiones hacia mercados con condiciones más estables.
Finalmente, se plantea que el desarrollo del sector minero requiere un enfoque integral que considere la mejora institucional, la reducción de la burocracia y el fortalecimiento de la planificación estatal, más allá de modificaciones en los plazos de concesión.
