El presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha sido imputado por «corrupción activa» relativa a Mundial de atletismo de Doha, según informa la agencia AFP. El campeonato se disputa este año del 27 de septiembre al 6 de octubre.
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Al-Khelaïfi ha sido imputado por el juez especializado en delincuencia financiera del Tribunal de París Renad van Ruymbeke, que también investiga las condiciones de atribución de los Juegos de Tokio 2020 y Río 2016 en esta causa judicial abierta en la capital francesa.
Al-Khelaifi había sido declarado testigo asistido en marzo -de hecho, compareció voluntariamente ante el juez el 20 de marzo- y volvió a ser convocado el pasado 16 de mayo, pero el dirigente qatarí no se presentó.
La empresa Oryx QSI, de la que es propietario su hermano Khaled, es la que le relaciona con el caso.
La Oficina Financiera Nacional francesa sospecha de dos transferencias irregulares de 2011 entre dicha empresa y la compañía Pamodzi Sports consulting, propiedad de Papa Massata Diack, hijo del ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) Lamine Diack, por un monto de 3,5 millones de dólares (3,1 millones de euros).
Lo más sorprendente es que Van Ruymbeke investigaba el dopaje de los atletas rusos y sus ramificaciones financieras cuando descubrió las sospechosas transferencias.
Las transferencias se realizaron el 13 de octubre y el 7 de noviembre, cuatro días antes de que se votara la sede del Mundial de 2017, al que inicialmente aspiraba Qatar, aunque finalmente fue concedida a Londres por 16 votos a 10.
Doha sí ganó la adjudicación del siguiente mundial en noviembre de 2014, al imponerse en la última votación por 15 votos a 12 a Eugene (Estados Unidos). A ese Mundial también aspiraba Barcelona, pero cayó en la primera ronda.
La explicación de su abogado
Según Francis Szpiner, abogado de Nasser Al-Khelaïfi, el nombre de su defendido «no aparece en ninguno de los documentos del archivo».
El abogado de Nasser Al Khelaifi también considera que «dado que no hay conexión entre los hechos en cuestión y el territorio francés, no hay nada que justifique la jurisdicción de la ley francesa o los tribunales franceses sobre estos presuntos delitos».
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