El fiscal provincial anticorrupción, Wilson Aliaga Angulo, obtuvo la condena de seis años de pena privativa de la libertad efectiva para el oficial de tránsito Stefano Eladio Latorre Berlanga, por la comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El oficial fue acusado de solicitar dinero a un conductor a cambio de no trasladarlo a la dependencia policial del sector, debido a que conducía una motocicleta sin placa, reteniéndole el celular hasta que consiga el monto solicitado.
Seis años de prisión privativa
El juez anticorrupción consideró entre los principales elementos objetivos del tipo penal, el hecho que el acusado era miembro de la Policía Nacional prestando servicios en la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (I MACROPOL PIURA) cuando habían sucedido los hechos que se le imputaban.
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Así mismo, que el investigado Stefano Eladio La Torre Berlanga solicitó directamente el donativo de 20 soles al transportista dedicado al servicio de motocicleta, a fin de omitir un acto de violación de sus obligaciones derivadas de la función fiscal.
Sin licencia, ni placa
Pues omitió infraccionar al transportista Gelo López Becerra, por circular a bordo de su motocicleta sin licencia de conducir, sin placa de rodaje y con SOAT vencido. Además de no aplicarle las medidas correctivas correspondientes de multa y retención o internamiento del vehículo.
Configurándose así el carácter doloso de la acción desplegada, que es el elemento subjetivo del tipo penal. Pues el efectivo policial tenía pleno conocimiento de su deber.
Documentos presentados
Entre los documentales presentados en juicio oral figuraron el acta de entrega y recepción de billete, de fotocopiado y certificación de billete. Esto para operativo de revelamiento de billete, de intervención policial, de incautación de billete, de homologación de billete.
Así como el acta de la visualización del vídeo del momento en que el denunciante es intervenido por el policía. En este se aprecia que no le retiene la motocicleta. Esto a pesar de no tener placa y licencia, la declaración del denunciante; entre otros.
El ahora sentenciado se encuentra internado con prisión preventiva desde marzo del 2020.
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