La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema derogó la orden de comparecencia restringida en contra del exministro Geiner Alvarado. En su lugar, impuso prisión perventiva por el presunto delito de organización criminal.
Fue el tribunal supremo quien declaró fundada la apelación de la Fiscalía y se cambió la decisión en primera instancia del juez Juan Checkley.
Detención
De esta manera, a las 7:30 p.m. de este viernes 31 de marzo, personal de la Policía Nacional del Perú se presentó en el domiclio de Alvarado y procedieron con su detención.
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Su defensa legal la asumieron Humberto Abanto y la excongresista Rosa Bartra, quienes se presentaron en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde trasladaron a Alvarado.
Al respecto, informaron que su cliente permanece en el lugar a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designe el penal en el que cumplirá los 36 meses de prisión preventiva.
Presentarán medida tutelar
Sobre la situación, Abanto comentó que no está de acuerdo con la intervención de la Fiscalía y la Policía, por lo que presentará un medida tutelar.
“Vamos a plantear una tutela ante el juez supremo de investigación preparatoria para que se esclarezca ante el país, ante la familia del señor Alvarado y la justicia nacional el tipo de procedimientos que se están desarrollando aquí”, manifestó.
Según aseguró, su cliente no recibió la notificación judicial correspondiente, además, no le permitieron acompañarlo durante el proceso, lo cual a su parecer vulnera sus derechos.
“Espero que el Poder Judicial y el juez supremo en el curso de la tutela pueda esclarecer qué es lo que ocurrió y que haya oficios a la Inspectoría de la Policía Nacional y oficios a la Junta Nacional de Justicia porque no confiaría en ninguna investigación a cargo del Ministerio Público«, expresó.
Además, solicitó que estos actos se sancionen severamente para evitar que se repitan.
Como se sabe, el exministro Geiner Alvarado es acusado de presuntamente integrar una organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sobre ello, sustenta que adjudicaron obras públicas de manera irregular en Lima y Cajamarca.
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