La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, anunció que su institución se encuentra evaluando la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 32330, norma que establece la responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años. También dejó abierta la opción de adherirse a la acción ya presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.
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“Estamos analizando presentar esta demanda, considerando que la Defensoría ya ha procedido en ese sentido, y podríamos sumarnos también a otros mecanismos procesales”, declaró Tello Gilardi tras una reunión con la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el Perú, Laura Salamanca Díaz.
Poder Judicial señala que la norma vulnera derechos fundamentales de los adolescentes
Durante el encuentro, Tello Gilardi afirmó que cualquier legislación que contradiga la doctrina de la protección integral y el interés superior del adolescente estaría en contravención con la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño.
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La titular del Poder Judicial también indicó que el sistema penal juvenil vigente ha demostrado ser efectivo, subrayando que el nivel de reincidencia entre adolescentes en conflicto con la ley penal es reducido y representa apenas el 2 % de los casos.
Asimismo, señaló que la implementación de la Ley N.º 32330 podría enfrentar serias limitaciones, ya que el país carece de infraestructura penitenciaria adecuada para separar a los adolescentes de los adultos en los centros de detención.
Unicef y Fiscalía respaldan acción presentada por la Defensoría del Pueblo
Laura Salamanca Díaz, representante adjunta de Unicef, expresó su respaldo al Poder Judicial en este tema y coincidió en que la nueva ley representa una amenaza a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, así como a los principios constitucionales del país.
Por otro lado, mencionó que el Ministerio Público también está considerando sumarse a la demanda de inconstitucionalidad liderada por la Defensoría del Pueblo.
