La región tiene condiciones para recuperar protagonismo económico mediante el desarrollo de proyectos de minería formal. Así lo afirmó César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), quien señaló que iniciativas como el proyecto El Algarrobo y la ampliación de Fosfatos de Bayóvar podrían dinamizar el empleo, incrementar la inversión privada y fortalecer la economía regional.
El especialista explicó que los proyectos mineros formales tendrían la capacidad de generar alrededor de 5,000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. Además, crearían más de 1,200 empleos directos en operación y aproximadamente 7,000 puestos indirectos, lo que representaría un impacto significativo para el mercado laboral de Piura.
García destacó también la importancia de la ampliación del proyecto Fosfatos de Bayóvar. Recordó que Piura es la única región del país productora de fosfatos, un recurso estratégico para la elaboración de fertilizantes y el desarrollo de la actividad agrícola.
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No obstante, indicó que la ejecución de estas inversiones dependerá de las condiciones que establezca el próximo Gobierno para promover la minería formal. Entre ellas mencionó la necesidad de reducir la conflictividad social y fortalecer los mecanismos de diálogo con las comunidades involucradas.
Formalización y minería ilegal
En ese contexto, César García sostuvo que uno de los principales desafíos será avanzar en la formalización minera. Consideró prioritario definir el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), con el objetivo de diferenciar a los operadores que buscan cumplir la normativa de quienes realizan actividades ilegales.
El economista recordó que la minería continúa siendo uno de los principales sectores de la economía peruana. Hasta abril de este año, aportó alrededor de S/ 14 612 millones en recaudación tributaria, equivalente al 16 % de los ingresos fiscales del país. Asimismo, representa cerca del 60 % de las exportaciones nacionales.
En el caso de Piura, advirtió que más del 90 % del oro producido en la región provendría de actividades ilegales. Esta actividad se concentra principalmente en Ayabaca y en los distritos de Las Lomas y Tambogrande. Según explicó, esta situación reduce la recaudación fiscal y limita las oportunidades de desarrollo. Además, genera contaminación ambiental y agrava los problemas de seguridad y violencia asociados a la minería ilegal.
Además, García señaló que el crecimiento de la minería formal permitiría incrementar los recursos del canon minero para los gobiernos regionales y locales, especialmente con proyectos como El Algarrobo. Sin embargo, precisó que el impacto dependerá de la capacidad de las autoridades para destinar esos recursos a obras de infraestructura, proyectos hidráulicos, puentes y sistemas de prevención frente a desastres, con el fin de impulsar un desarrollo sostenible en la región.
