Una reciente inspección del Órgano de Control Institucional (OCI) reveló que al menos 10 cámaras de videovigilancia instaladas en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, presentan un campo visual limitado debido a la presencia de paneles publicitarios y árboles. Esta situación afecta el correcto funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana y pone en riesgo la capacidad de respuesta ante delitos o emergencias. La Contraloría ha advertido que este problema compromete la eficiencia del nuevo centro de operaciones de seguridad.
Cámaras de videovigilancia bloqueadas por paneles en Piura
Según el Informe N.° 028-2025-OCI/6042-SCC, al que accedió Diario Correo, la comisión de control del OCI realizó una inspección el pasado 10 de julio a las instalaciones del sistema de videovigilancia en el distrito de Veintiséis de Octubre. Durante la verificación, se constató que 10 cámaras públicas tienen su campo visual obstruido por estructuras metálicas de paneles publicitarios y árboles.
El informe precisa que “no tienen un campo visual despejado y libre de obstáculos u objetos, a efectos de permitir la identificación de personas y placas de vehículos ante un hecho delictivo”. Las cámaras afectadas están ubicadas en espacios estratégicos para la seguridad ciudadana, pero su utilidad se ve comprometida por la falta de planificación urbana y control sobre los elementos que las rodean.
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Riesgos para la seguridad ciudadana en Veintiséis de Octubre
La Contraloría alertó que estas obstrucciones podrían impedir la obtención de grabaciones clave frente a delitos o accidentes, lo que limita la intervención oportuna de las unidades de serenazgo.
Los auditores enfatizaron que el nuevo centro de operaciones de seguridad ciudadana del distrito fue implementado con equipamiento tecnológico moderno, como cámaras, central de monitoreo y data center. Sin embargo, si el sistema no funciona adecuadamente debido a interferencias visuales, se estaría perdiendo el objetivo central del proyecto: reforzar la prevención del delito y proteger a la ciudadanía.
“El riesgo es que la situación descrita afecte la finalidad pública del proyecto”, indica el documento, señalando que se compromete el uso eficiente de los recursos destinados a seguridad ciudadana.
El informe fue remitido al alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, a fin de que disponga las medidas correctivas necesarias.
