Tras las últimas supervisiones realizadas por parte de comisionados de la Defensoría del Pueblo a los Centros Juveniles de Piura y Cusco, se corroboró el estado crítico en el que se encuentran estos espacios donde permanecen los adolescentes infractores para cumplir una pena y prepararse para reincorporase a la sociedad.
El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, explicó que se ha comprobado que los Centros Juveniles visitados registran problemas de sobrepoblación, el pésimo estado de su infraestructura, la permanente vulnerabilidad de la seguridad, y las inadecuadas condiciones en la que conviven los adolescentes.
Frente a este grave panorama y a la evidente falta de manejo y control por parte de la actual Gerencia de Centros Juveniles, la Defensoría del Pueblo insiste en la culminación del proceso de transferencia de los centros del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como también que se declare en emergencia los Centros Juveniles del país.
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En relación al deterioro en la seguridad de los Centros, se ha planteado que la Policía Nacional del Perú (PNP), colabore con el Poder Judicial en el resguardo de los mismos, ello mientras culmine el proceso de transferencia y se reorganicen en su totalidad los centros.
La problemática de los adolescentes infractores debe ser abordada de manera célere, eficiente y oportuna por parte del Estado. Por ello no es conveniente que se dilate la implementación de una medida –trasferencia- ya fijada en una Ley.
De otro lado, la adjunta de niñez –Matilde Cobeña- remarcó que el deber de cuidado, que el Estado tiene con los adolescentes infractores a nivel constitucional y de la Convención sobre los derechos del Niño, exige la ejecución de acciones inmediatas que protejan sus derechos a la dignidad, vida e integridad personal.
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