Durante 50 días de protestas contra el gobierno de Boluarte, los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte. Frente a esta crisis política y social, el abogado penalista Percy García señaló que “no encuentra una razón por que la deba renunciar“, ya que, hasta la fecha, no se ha dado una política de estado de “ajusticiamiento policial” que la ponga contra las cuerdas.
En diálogo con Walac Noticias, García manifestó que la sucesión de Dina Boluarte es “legal” y “legítima”, ya que ganó las elecciones dentro de una plancha presidencial, en la que ella se posicionó como la vicepresidenta de Perú Libre.
“Desde el punto de vista legal y constitucional, ella tendría que gobernar hasta el 2026; sin embargo, está claro que estamos en un ambiente político muy cargado y eso ha llevado que Boluarte, con una razonabilidad de plazos, programe el adelanto de elecciones“, explicó el especialista.
Para García, hasta que no surja una situación de “ajusticiamiento policial” como política de estado; es decir, que la mandataria solicite explícitamente a la Policía y Fuerzas Armadas que exterminen a los manifestantes, la renuncia de Dina Boluarte “sería caer en el juego” de aquellos manifestantes que no se ciñen a la protesta pacífica.
“Personalmente, yo no veo que esto (el ajusticiamiento policial) sea una política pública, no es que yo vea que la presidenta ha instaurado como política represión con muerte y arrasar con las personas, personalmente no lo veo“, recalcó.
No obstante, el especialista mencionó que los casos registrados de exceso de fuerza deberán ser investigados y sancionados en el caso de hallar culpabilidad. Hasta el momento, Fiscalía dispuso el inicio de 18 investigaciones por lesiones graves y 11 investigaciones por las muertes en las protestas.
El análisis de la denuncia contra Dina por genocidio
La presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fueron denunciados por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDCH) debido a los fallecimientos, alrededor de 60, producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
Respecto a la denuncia elevada por la congresista Margot Palacios (Perú Libre), García opinó que ” en ese estado de investigación o situación le parece una decisión bastante apresurada”.
El abogado penalista precisó que el delito de genocidio está tipificado en el artículo 319 del Código Penal y castiga los casos en que una persona tiene la intención de desaparecer a un grupo étnico o social por medio de muertes, lesiones o esterilizaciones forzadas, como las que se denunciaron en el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.
En ese sentido, García enfatizó que “no sabe hasta que punto puede ser cierto que la presidenta y sus ministros hayan decidido eliminar a un sector social“. “Me parece que aún no hay datos suficientes para hacer determinada afirmación. Podemos decir que hubo excesos y habrá que responder, investigarse y sancionarse, pero saltar a un genocidio en estas instancias me parece excesivo“.
Si se determina que Boluarte tuvo la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, recibirá una pena no menor a 20 años de cárcel.
¿Cómo salir de la crisis?
La consigna de la marcha pareciera que fuera un versus entre provincia y Lima, por el centralismo que exuda el Perú y el olvido de las otras regiones, especialmente del sur, que se han vuelto el gran rostro de las protestas sociales.
Partiendo de ese panorama, García comentó que el gran problema, “antes de Lima”, son los gobernadores regionales que han cometido actos de corrupción y malgastan el canon millonario que debería utilizarse en solucionar problemas estructurales de las regiones.
“Tenemos que empezar a elegir bien, generar condiciones para que buena gente entre a la política; tenemos que elegir a los que trabajaran por la colectividad“, detalló.
En ese sentido, exclamó que se debe trabajar en una cultura política que ayude a la población a darse cuenta que no se puede elegir a cualquiera, o a un plan de gobierno que no esté en función de políticas públicas por el bien común.
“Mientras no cambiemos nuestra mentalidad política, vamos a seguir en este circulo vicioso eternamente, hasta que se produzca un estadillo social y nuestro país termine en una guerra civil“, concluyó.
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