La propuesta de Fuerza Popular de implementar una pensión por consumo generó un intenso debate en el escenario político y económico del Perú. Especialmente en un contexto marcado por la aprobación del séptimo retiro AFP y las continuas discusiones sobre el futuro del sistema previsional en el país.
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La idea detrás de la pensión por consumo es «innovadora» en el contexto nacional, pero no es nueva. Surgió por primera vez en un proyecto de ley presentado en 2019 por Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres. Recientemente ha resurgido como parte de las propuestas de reforma del Sistema Peruano de Pensiones (SPP) promovidas por Fuerza Popular.
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Pensión por consumo: ¿de qué se trata?
La esencia de esta propuesta radica en destinar un porcentaje del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las cuentas de jubilación de los ciudadanos. Basándose en sus gastos cotidianos. Según la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, esta medida busca garantizar una pensión para todos los peruanos, independientemente de su situación laboral.
Sin embargo, la pensión por consumo es objeto de críticas por parte de diversos economistas y expertos, quienes cuestionan su viabilidad y efectividad. La profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, argumenta que esta propuesta podría desnaturalizar el concepto de pensión, ya que incentivaría el consumo indiscriminado en lugar del ahorro responsable.
Pensión por consumo: antecedentes
A pesar de su carácter innovador, la pensión por consumo no tiene antecedentes comprobados en otros países. Lo cual, plantea dudas sobre su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Además, existe preocupación por el impacto que esta medida tendría en las finanzas públicas. Ya que implicaría una reducción en la recaudación del Estado y posiblemente un aumento en la deuda o en otros impuestos para compensarla.
Pensión por consumo: otras alternativas
En lugar de centrarse en la pensión por consumo, Noelia Bernal sugiere explorar otras alternativas para mejorar la cobertura previsional en el país. Especialmente para los trabajadores informales, que representan más del 70% de la población laboral. Propone fortalecer los programas sociales existentes, como el Programa Juntos y Pensión 65, aumentando su cobertura y eficacia.
Además, Bernal destaca la importancia de implementar medidas que incentiven el ahorro y la formalización laboral, como ofrecer información sobre la afiliación a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a través de mensajes de texto y brindar incentivos monetarios para aquellos que decidan cotizar de manera independiente.
En resumen, si bien la pensión por consumo podría representar una forma novedosa de abordar el problema de las pensiones en el Perú, su viabilidad y eficacia siguen siendo motivo de debate. Antes de adoptar esta medida, es crucial considerar otras opciones y buscar soluciones integrales que garanticen la seguridad financiera de todos los peruanos a largo plazo.
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