En la reunión con el enviado especial del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, el premier Otárola aseguró que la presidenta Dina Boluarte dispuso la PNP no use armas letales para contener las movilizaciones. En tanto, el delegado de la ONU pidió investigar los muertos en las protestas.

El viernes 20 de diciembre, 24 horas después de la “Toma de Lima”, el delegado por los derechos humanos de la ONU se reunió con el primer ministro y el titular de la cartera de Defensa. En la reunión, pidió al Ejecutivo información sobre qué se está haciendo para evitar los muertos y heridos en las protestas antigubernamentales.

En el encuentro, Otárola indicó que, apenas registrados los hechos violentos, el Gobierno dispuso la implementación de puentes aéreos, tanto para el traslado de los heridos como para llevar medicamentos a los lugares donde más se necesitaban.

Al culminar el encuentro, el enviado especial de la ONU dijo lo siguiente: “Lamentamos las muertes y los heridos que se han producidoDel mismo modo, pidió que se investiguen los casos, y saludó la “apertura” del Gobierno peruano “para conversar sobre derechos humanos”.

Como se sabe, con el muerto de ayer que dejó el intento de la toma del aeropuerto de Juliaca, los manifestantes fallecidos por la represión policial durante las protestas aumentan a 54, junto con un policía que murió calcinado.

Tras la cita con Otárola, el enviado especial se reunirá con el presidente del Congreso, José Williams, en la sede del Parlamento.

Visitó a Boluarte

El jueves 19, Salazar Volkmann visitó a la presidenta Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno, en medio de una masiva movilización de manifestantes en Lima para exigir la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso, además de la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.

La Presidencia peruana señaló que la jefa de Estado expuso ante la comisión “los hechos que ocurrieron” en el país desde el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado, así como ” la información de las movilizaciones sociales, la violencia producida y la lamentable pérdida de vidas humanas”.

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