En un recorrido por las principales calles y avenidas del distrito de Castilla, afectadas por el desborde del río Piura en marzo pasado, la Defensoría del Pueblo constató la falta de supervisión en la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado”; situación que no garantiza el adecuado desarrollo de los trabajos que se ejecutan y que convierten la zona en un escenario de grave riesgo a la vida e integridad de la población.
La mencionada obra de agua y alcantarillado está siendo ejecutada, desde setiembre del presente año, por la empresa San Jorge, tras un convenio tripartito entre la Municipalidad de Castilla, EPS GRAU SA y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por un monto de S/. 7´ 918 943 000. Si bien se tiene previsto que esta culmine en febrero de 2018, hasta el momento se tiene un avance formal del 30% de la ejecución.
En este contexto, personal de la Oficina Defensorial de Piura advirtió que en varios tramos de la Urb. Miraflores, si bien existen vías de acceso y veredas para el tránsito de personas, éstas se encuentran deterioradas, con cajas de agua y desagüe sin tapa, con presencia de desmonte, materiales de construcción, herramientas de trabajo, entre otros, tal es el caso de las Calles Los Zafiros, Los Rubíes, Los Topacios, Av. Universitaria, Av. Independencia, Av. Cáceres, Av. Irazola y Av. Luis Montero.
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Asimismo, se constató gran cantidad de residuos sólidos debido a que los camiones recolectores no pueden ingresar a la zona para recogerlos, así como ausencia de personal de limpieza de la empresa contratista, evidenciándose así que no se tienen acciones concretas para mitigar la presencia de considerables cantidades de tierra y polvo existente en el ambiente.
Cabe señalar que la obra no cuenta con una adecuada señalización informativa y preventiva tal como lo establecen las normas, por lo que los vecinos no están debidamente informados respecto de los trabajos que se vienen ejecutando y se quejan del desorden en la ejecución de los mismos, la demora en su conclusión y las restricciones en la libertad de tránsito generadas.
La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de la empresa contratista los resultados encontrados y recomendó que se implemente de inmediato la supervisión necesaria que garantice la calidad de los trabajos y se dispongan las medidas para garantizar la adecuada señalización de vías e implementación de rutas alternas para el tránsito vehicular y peatonal durante el periodo de ejecución de la obra, además que se controle la emisión de ruidos, debiéndose atender de inmediato el recojo de los residuos sólidos.
Finalmente, recomendó implementar una estrategia de comunicación eficiente con los vecinos para informar los procesos de mitigación y cautela de sus derechos a lo largo de los dos meses que aún faltan para la culminación de la obra.
