El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció durante una conferencia de prensa tras la sesión del Cuarto de Guerra contra la delincuencia que su sector presentará un proyecto de ley para permitir que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realice el deslacrado o revisión de celulares incautados en requisas dentro de los penales. Esta acción deberá realizarse bajo la supervisión de la Fiscalía o la Policía Nacional.
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Arana explicó que actualmente, cuando se incautan teléfonos en los penales, estos son enviados a la Policía y luego al Ministerio Público, pero rara vez son analizados. La propuesta busca que el personal del INPE pueda examinar rápidamente los dispositivos in situ para obtener información relevante de primera mano.
«La propuesta es que el propio personal del INPE pueda darle una mirada rápida en presencia del fiscal o en presencia de la policía para que se pueda tener, de primera mano, la información que contienen estos equipos celulares en el caso que fueran incautados», detalló el ministro sobre esta iniciativa que modificará el Código de Ejecución Penal.
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Nuevas medidas para fortalecer la seguridad ciudadana
Además de la revisión de celulares, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó sobre un decreto supremo que establece la verificación de identidad en centros comerciales, espacios públicos y eventos no deportivos a nivel nacional. Esta medida también aplicará en el caso de inmigrantes, como parte de las estrategias para identificar a personas con requisitorias vigentes.
En cuanto a las cárceles, Arana destacó que su sector ha propuesto otro decreto supremo para modificar el Decreto Legislativo 1229, que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y servicios penitenciarios. La finalidad es erradicar las antenas satelitales y telefónicas instaladas más allá de los 200 metros del perímetro de los penales.
El ministro señaló que, aunque existe una disposición que prohíbe la construcción y edificación dentro de esta zona, algunos municipios han vulnerado esta norma al otorgar licencias de construcción. «La norma pretende que más allá de los 200 metros también se establezca un mecanismo de control y de supervisión», afirmó.
Difusión de acciones contra la delincuencia en medios de comunicación
El Minjusdh también trabaja en un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión para crear una franja informativa obligatoria en estados de emergencia. Este espacio será utilizado para difundir las acciones y actividades que el Ejecutivo está ejecutando en la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
Finalmente, el ministro anunció que su sector está llevando a cabo intervenciones en los penales de Lima y Callao, así como en los centros juveniles de la capital, en el marco del estado de emergencia vigente en estas jurisdicciones.
«Próximamente haremos varias de estas acciones de control para mantener y ratificar el principio de autoridad en todos los penales del país», concluyó Eduardo Arana.
