El Ministerio Público dirigió un operativo en las ciudades de Lima y Piura para detener a siete presuntos involucrados en la comisión del delito de colusión agravada y uso de documentos privados falsos por irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC. Dicha empresa debió realizar obras y equipar un establecimiento de salud en Máncora, Talara.
Se trata de Carlos Palacios Mesa, José Tafur Guivin y Edwarth Garcés Colupu, ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura. Ellos integraron el comité de selección que llevó a cabo el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios destinado a ejecutar dicha obra.
También figuran en la lista de personas intervenidas en el operativo Juan Távara Elías, Richard Gonzales Alcedo y Omar Morales Alvarado, ex funcionarios del gobierno regional de Piura; además de Godofredo Cardoza Novoa, representante del Consorcio Constructor MNDC.
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La propuesta técnica del consorcio fue aprobada, a pesar que no cumplía las exigencias establecidas por las bases en relación a las certificaciones de su personal. Dicho contrato se suscribió sin la documentación requerida y se aprobaron dos adelantos de dinero contra una carta fianza y una póliza de caución carentes de autenticidad.
Además de la detención preliminar y por 72 horas, el pedido fiscal dispuesto por la Corte Superior de Justicia de Piura contempla el allanamiento de 10 inmuebles en Lima y Piura y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados.
Gore ofrece facilidades
Respecto a la intervención, el gobierno regional de Piura emitió una nota de prensa. Allí informa que el Gobierno Regional Piura dio acceso al personal del Ministerio Público a las oficinas y diversos ambientes. De este modo, se pueda recoger información y esclarecer estos hechos.
«Hemos denunciado ante el Ministerio Público, el 21 de abril se ha enviado toda la documentación a Contraloría para que ellos, hagan la investigación administrativa que corresponde. Asimismo, se le envió la documentación al procurador penal para que inicie las acciones legales correspondientes», dijo el gerente general del Gore Piura al ser consultado sobre el tema.
Asimismo, el funcionario indicó que se ha alcanzado la documentación pertinente a la Contraloría para que tome las acciones correspondientes.
«El Gobierno Regional Piura ni bien tomó conocimiento de los hechos expuestos procedió a realizar las denuncias correspondientes a las autoridades competentes, en salvaguarda de sus recursos», sentenció Torres Saravia.
Es preciso indicar que, tras el informe emitido por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gore Piura, donde se verifica la presentación de la carta fianza falsa por parte del Consorcio Constructor MNDC, ejecutor de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Máncora, provincia de Talara, la entidad regional decidió anular el contrato debido a estas irregularidades encontradas, dejando en claro que no permitirá que empresas corruptas pongan en riesgos obras de gran envergadura en la región.
Control concurrente evidenció posibles irregularidades
Asimismo, como resultado del servicio de control concurrente, la Contraloría emitió oportunamente los Informes de Hito de Control N° 5745-2021-CG/GRPI-SCC y 10462-2021-CG/GRPI-SCC. Estos se comunicaron al titular del Gobierno Regional de Piura para la pronta adopción de acciones preventivas y correctivas que correspondan.
La comisión de control verificó que la contratista presentó a la entidad dos cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelanto directo por más de 7 millones de soles el 29 de abril de 2021. Según informó la institución financiera, estas no habían sido emitidas por la misma.
Incluso, era la segunda ocasión en la cual se presentaba un documento que no correspondía, pues la entidad pagó un adelanto de S/ 3 millones 956 mil 848,56 el pasado 10 de marzo al amparo de dicha carta.
Afectación a los recursos públicos
En ese sentido, se concluyó que la entidad no cuenta a la fecha con garantía de fiel cumplimiento y de adelanto vigentes. Esto es a causa de la presentación de documentación falsa o inexacta por el contratista hasta en dos oportunidades.
Además, existiría una afectación a los recursos públicos por el pago del adelanto directo efectuado, lo cual, independientemente de las acciones legales, constituye un riesgo para los fines y objetivos del proyecto.
También se recomienda acciones sobre el inadecuado control por parte de la entidad en la recepción y verificación de las cartas fianzas. Pues, esto pone en riesgo los recursos financieros de la misma y la gestión eficiente de los procesos vinculados a esta obra.
En otra de las situaciones adversas identificadas por el equipo de auditores, se advierte que la resolución de contrato de parte de uno de los integrantes del consorcio, no garantiza el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas.
Asimismo, se detectó que el contratista sustentó el cambio de personal propuesto en el contrato con documentos que carecen de veracidad; además de falta de cuaderno de obra, mal almacenamiento de materiales y otras deficiencias.
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