La minería informal e ilegal debe convertirse en uno de los principales temas de la agenda del próximo Gobierno Regional de Piura debido a sus efectos en la economía, el medio ambiente y la seguridad de la población. Así lo sostuvo Eusebio Cruz Ruiz, docente de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad César Vallejo (UCV), quien planteó fortalecer las acciones de formalización y fiscalización para enfrentar esta problemática.
Formalización minera y mayor fiscalización
El especialista explicó que la minería formal aporta recursos al Estado mediante el canon y las regalías, además de generar empleo directo e indirecto. En contraste, señaló que la actividad informal e ilegal opera sin los controles ambientales ni las condiciones de seguridad requeridas. Esto limita su contribución al desarrollo regional.
En ese contexto, consideró necesario agilizar el proceso de formalización minera mediante la simplificación y digitalización de los trámites administrativos. Asimismo, indicó que es indispensable brindar orientación y capacitación a los pequeños productores para reducir las barreras que enfrentan durante este proceso.
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Cruz Ruiz también señaló que el Gobierno Regional debe reforzar sus capacidades de supervisión con mayor equipamiento, tecnología y recursos humanos. De esta manera, se podría intervenir en zonas de difícil acceso donde suele desarrollarse la minería ilegal.
Participación ciudadana y trabajo articulado
El docente resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para mejorar el acceso a la información sobre los proyectos mineros. Además, sostuvo que el control de la minería ilegal requiere una acción coordinada entre el Gobierno Regional, las municipalidades y las entidades responsables de la fiscalización y la protección ambiental.
Piura cuenta con potencial para el desarrollo minero
Finalmente, el especialista recordó que Piura alberga importantes proyectos mineros en provincias como Tambogrande, Ayabaca, Paita y Sechura. Indicó que el avance de estas iniciativas dependerá de mantener un diálogo permanente con la población y de garantizar que el desarrollo de la actividad minera se realice bajo criterios de sostenibilidad ambiental y participación ciudadana.
