La expulsión o separación definitiva de la escuela de un alumno con conducta inapropiada no es una solución del problema porque impide a los estudiantes reflexionar sobre su comportamiento y tomar acciones concretas para reparar el daño, afirmó Killa Miranda, responsable de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm).
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Miranda dijo que la labor de la escuela está centrada en brindar soporte pedagógico y apoyo para que el estudiante logre la autorregulación de su comportamiento, y separarlo definitivamente no aporta a este objetivo educativo.
Al referirse al maltrato de una profesora por parte de varios alumnos de un colegio del Callao, la funcionaria dijo que las medidas correctivas deben ser reparadoras y efectivas, respetuosas de la integridad física, psíquica y moral de los estudiantes y de los derechos de los niños y adolescentes.
“El artículo 17 de la Ley N° 27337, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, prohíbe que las medidas correctivas constituyan actos de violencia, trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos físicos y humillantes, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud y el desarrollo integral de los estudiantes”, anotó.
Miranda también señaló que las medidas correctivas deben permitir que los estudiantes puedan reflexionar y aprender de la experiencia vivida, para lo cual es necesario contar con la participación y el compromiso de los padres de familia y apoderados con el fin de contribuir a su formación integral y a la convivencia democrática en la institución educativa.
Medidas a tomar
Entre las estrategias que pueden aplicarse en estos casos, mencionó la restauración, los programas de habilidades sociales, la supervisión y el involucramiento familiar y la consejería. La restauración, agregó, permite que el estudiante restituya el daño causado mediante una acción directa sobre el problema o alguna actividad que mejore el clima de la escuela.
Por otra parte, indicó que para prevenir este tipo de incidentes, se debe impulsar la identificación e intervención temprana para detectar a los estudiantes con problemas de comportamiento y planificar intervenciones adecuadas.
Asimismo, está implementando una estrategia de equipos itinerantes conformados por psicólogos, docentes y trabajadores sociales, que brindan asistencia técnica en promoción de la convivencia y prevención de la violencia en 884 instituciones educativas a nivel nacional.
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