La doctora María Laura Malespina, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), advirtió que la maternidad subrogada o “vientres de alquiler” vulnera la dignidad de la persona humana. En el contexto del inicio de la III Conferencia de Casablanca por la Abolición Universal de la Maternidad Subrogada, señaló que esta práctica, al no contar con una regulación específica en el país, podría convertir al Perú en un “paraíso reproductivo”.
“No existe un derecho a ser padre a cualquier precio”, declaró Malespina, al abordar el impacto de esta modalidad de reproducción asistida. La jurista explicó que tanto la mujer gestante como el niño concebido mediante esta técnica “son tratados como medios para un fin, lo que vulnera gravemente sus derechos fundamentales”.
Piden normativa que asegure la protección de la mujer y del niño
Durante su intervención, la especialista advirtió que la maternidad subrogada “genera diversas afectaciones tanto para la mujer gestante como para el niño concebido”, haciendo énfasis en las consecuencias psicológicas y legales de esta práctica.
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También cuestionó la manera en que algunos sectores entienden los derechos individuales: “Hay una errada conceptualización de los derechos, cuando se considera que todos los deseos son derecho de la persona”. Añadió que “no se puede hablar de derecho cuando existe la afectación de un tercero”, refiriéndose al rol que se le asigna a la mujer gestante y al niño como sujetos instrumentalizados.
Respecto al contexto regional, Malespina indicó que “en América Latina existen sectores que defienden la maternidad subrogada como un símbolo de modernidad”, lo que contrasta con países europeos como Francia, España e Italia, donde esta práctica está prohibida. “Es paradójico que mientras en Europa se prohíbe, aquí se presente como un signo de progreso”, expresó.
Finalmente, señaló la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la protección de los involucrados: “Hacen falta normas específicas que aseguren la protección de la dignidad humana de la mujer y del niño”, y reiteró que el Estado tiene el deber de proteger a la familia y actuar frente a estas nuevas formas de vulneración de derechos.
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