La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este viernes a la justicia peruana que se pronuncie sobre los «serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de requisitos jurídicos» en el indulto a Alberto Fujimori, que concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre.
Carlos Rivera, uno de los tres abogados de las víctimas, dijo en una entrevista, de acuerdo con la resolución de la Corte, el lunes iniciarán acciones ante un juzgado constitucional de Lima.
El tribunal interamericano difundió una resolución de supervisión de cumplimiento de las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos matanzas por las que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión. En el fallo, la Corte plantea que se tenga en cuenta la afectación del derecho a la justicia de las víctimas del autócrata y sus familiares, así como que se verifique si se ha otorgado debidamente.
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El grupo Colina, un destacamento del Ejército peruano creado por el Gobierno de Fujimori a principios de los noventa —en el contexto de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso—, asesinó en 1991 a 16 personas, entre ellos un niño, un solar de Barrios Altos (Lima). Un año después hizo desaparecer a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta: todavía hoy, los cuerpos de varios de ellos aún no han sido encontrados.
Una comprobación rigurosa
La resolución de la CIDH publicada este viernes pide a los tribunales peruanos una “comprobación rigurosa, estricta y objetiva de la concurrencia de los aspectos fácticos y requisitos jurídicos exigidos por la normativa peruana respecto a las razones humanitarias del indulto”.
El documento recoge la versión de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quienes indicaron que no se cumplieron los requisitos para el otorgamiento del indulto, es decir, “la presencia de enfermedades no terminales graves, en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable” y condiciones carcelarias que agravaran la salud del interno. También menciona al menos 12 graves irregularidades en el texto del indulto.
La CIDH se sirve de antecedentes del derecho internacional y la legislación latinoamericana y manifiesta que la tendencia está «orientada a la prohibición expresa del indulto» en casos de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
«Lo que corresponde es una acción de amparo, ante un juez constitucional de Lima, para demandar el cumplimiento de un derecho –como el acceso a justicia– y cuestionar la legalidad del indulto», apunta Rivera en declaraciones a este diario. «Las consideraciones que la CIDH ha tomado son muy importantes: buena parte del sentido de la resolución hay que trasladarla [ahora] a la acción constitucional». El letrado fue quien planteó la reclamación contra el indulto ante la sede del tribunal interamericano en Costa Rica el pasado 2 de febrero. El abogado, sin embargo, se mostró sorprendido por el que hecho de que la Corte decidiese devolver el caso a la jurisdicción peruana.
El tribunal interamericano plantea a la justicia peruana que al realizar el «control jurisdiccional» del indulto, evalúe no solo «la salud del condenado, sino otros criterios como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares».
Tras su liberación, Fujimori, de 79 años, ha dado algunas entrevistas a la prensa peruana y camina con normalidad cuando tiene que acudir a consultas médicas. Además, se ha expresado varias veces acerca de la disputa de poder en Fuerza Popular, el partido que lidera su hija mayor Keiko Fujimori, enfrentada con el congresista Kenji Fujimori, el menor de los hijos.
El autócrata, que próximamente deberá responder ante la justicia por otro caso de violación a los derechos humanos, tiene impedido salir del país desde mediados de mayo para que asista obligatoriamente a las audiencias.
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