Tras el anuncio de un paro de 24 horas por parte de los trabajadores de limpieza, el alcalde Juan José Díaz Dios indicó que, si los obreros acatan esta medida el próximo 7 de febrero, él dará en concesión la limpieza pública y el ornato.

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“No vamos a ceder a las amenazas. En el caso de los trabajadores de limpieza, por tratarse de un tema de salud pública, si ellos va a paro, vamos aplicar todas las facultades que me da la ley. En ese mismo momento vamos a dar en concesión la limpieza pública y el ornato“, dijo en conferencia de prensa.

Sobre el pedido de 1,200 soles por escolaridad de acuerdo al convenio del pacto colectivo aprobado el año pasado, el alcalde indicó que no es legal. “Servir indica que tenemos la razón, que no es legal un convenio que no fue firmado por el alcalde de ese entonces y tampoco cuenta con presupuesto”, expresó.

Sin embargo, señaló que sí respeta el  convenio del 2012. Este convenio indica que a los 400 soles que manda el gobierno se le suma 266 soles por cada hijo en edad escolar. “Esta información es avalada por los señores del sindicato, manifestó.

Descuentos

El alcalde recalcó que su prioridad son los piuranos, por lo que no permitirá una paralización que ponga en riesgo la salud de las personas. “Nosotros vamos a proceder con los descuentos de ley. Si estos señores no trabajan, vamos a declarar en emergencia y a contratar personal para que realice la limpieza pública. A ellos se les pagará con el dinero que se descuente a los trabajadores que acaten paro”.

Asimismo indicó que la municipalidad tiene un déficit de más de 2 millones 200 mil soles. Sin embargo, el personal de limpieza son los únicos que tienen asegurado su sueldo a través de un fideicomiso. “Los señores de limpieza están protegidos y ¿justo ellos van a parar?”, dijo.

Evaluación del personal

Juan José Díaz Dios informó que hay 77 obreros haciendo funciones administrativas, por lo que deberán regresar a sus plazas. 21 personas regresarán a limpieza pública, 19 a ornato, 27 a Serenazgo y 10 a la Policía Municipal.

Hay 30 trabajadores que argumentan problemas de salud. A ello se les evaluará caso por caso.

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