El presidente del Congreso, José Williams Zapata presentó un proyecto de ley que busca que las Fuerzas Armadas tengan la autorización para poder hacer el uso y empleo de la fuerza en los escenarios de enfrentamientos con la minería ilegal.
La iniciativa legislativa propone modificar, el numeral 4.3 del artículo 4 del decreto legislativo 1095, así como el artículo 23 de dicha norma, que regula las acciones de las instituciones castrenses que implican el uso de la fuerza.
En el texto original de la norma (DL 1095) se lee que las fuerzas militares pueden hacer uso y empleo de la fuerza durante la declaratoria de estado de emergencia donde exista intervenciones de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y otros casos constitucionalmente justificados donde la capacidad de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno.
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El proyecto de ley presentado por José Williams añade a estos casos los referidos a la minería ilegal.
Argumentos
Entre los argumentos que Williams presentó para sustentar su iniciativa, es que la minería ilegal se ha convertido en una actividad económicamente rentable, pero que invade áreas del territorio nacional, contamina agua y suelos y devasta la biodiversidad.
En ese sentido, se argumenta que la minería ilegal “impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes, altera la economía y amenaza el desarrollo y la seguridad nacional”.
Minería ilegal
En julio del 2022, un grupo de expertos del Proyecto Prevenir de USAID presentó los informes de “Radiografía de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en la Amazonía Peruana” y “Corrupción en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en la Amazonía peruana”.
El informe señala que hay 46,605 mineros artesanales solo en Madre de Dios, de los cuales 31 390 personas son informales y 9,323 ilegales. Solo unos 5 mil mineros trabajan de manera formal.
En la región Piura, el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca es el principal asentamiento de minería informal/ilegal y un porcentaje altísimo de su territorio se encuentra concesionado.
