La Contraloría General identificó un perjuicio económico de más de S/ 598 mil por irregularidades en la perforación de un pozo tubular en el campus universitario de la UNP.
Según el Informe de Control Específico N° 011-2021-2-0203, la UNP contrató a un ingeniero industrial como consultor pese a no tener la especialidad requerida. Además, no cumplía con la experiencia necesaria para la supervisión ni contaba con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Los cuatro funcionarios de las áreas de Infraestructura, abastecimiento e Ingeniería y Servicios Generales no tomaron en cuenta la normativa relacionada los requisitos para consultor de obras. Tampoco tuvieron en cuenta el retraso injustificado por parte del contratista en la ejecución de los trabajos y la no culminación de partidas presupuestadas.
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A fines de ese año, la UNP suscribió el contrato para la ejecución de los trabajos por un monto de S/ 523 089,68 y un plazo de 90 días calendario. Sin embargo, este proyecto no contaba con declaración de viabilidad. Tampoco el contratista presentó la garantía de fiel cumplimiento.
De igual manera, ante el incumplimiento del plazo contractual; no se aplicó la penalidad correspondiente ni se cauteló la ejecución de la totalidad de prestaciones pactadas. De esta forma; se generaron gastos en la contratación del servicio para la limpieza y mantenimiento de la obra por haber permanecido inoperativo el pozo.
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