La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima está realizando una investigación preliminar al jefe de la Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Eswin Manay por contratos con Antonio Camayo.
La investigación es por el presunto delito contra la administración pública-colusión agravada y/o negociación incompatible. Ello por las contrataciones que suscribió durante la gestión del teniente general PNP Salvador Iglesias, en la VII Región Policial de Lima, en el 2015, con el cuestionado empresario automotriz Antonio Camayo.
Investigación a exjefes
Según informe del portal IDL Reporteros, se investiga a tres exjefes de la VII Región Policial Lima por el quinto despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Gunther Cornejo.
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Los funcionarios investigados son el ahora ministro del Interior, César Gentille, su predecesor Gastón Rodríguez y el general PNP (r) Salvador Iglesias.
Cabe precisar que la investigación es por la suscripción de 14 contratos por un monto de 4 millones 102 mil 873 soles. Este gasto sería por reparaciones y mantenimientos de vehículos de Región Policial Lima con la compañía Iza Motors. La cual pertenece al empresario automotriz Antonio Camayo, actualmente investigado por el caso “Cuellos Blancos”.
Según la investigación al general en retiro, Salvador Iglesias, Iza Motors SAC obtuvo siete contratos en consorcio con otras empresas. Todo por un monto total de 2 millones 192 mil 217 soles.
Dichos contratos fueron suscritos por el actual jefe de la Primera Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Eswin Manay Guerrero. Quien por entonces se desempeñaba como administrador de dicha región policial y con el rango de coronel.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos se llevaron a cabo previa coordinación para la buena pro con la empresa automotriz del ahora investigado Antonio Camayo. Incluso, recabaron la declaración de dos aspirantes de colaboradores eficaz.
El pasado 17 de julio, la Fiscalía Anticorrupción dispuso la fijación de nuevos plazos para las diligencias en torno a la investigación preliminar.
Responsabilidad administrativa disciplinaria
Asimismo, en el informe periodístico, se detalla que la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, concluyó que no se les podía imputar responsabilidad administrativa disciplinaria alguna a los tres jefes policiales que se desempeñaron en el año 2015, 2016 y 2017.
Pues dichas facultades fueron asumidas por delegaciones directamente por el jefe de la Oficina de Administración. Es decir, en el cargo que ocupó el ahora general Manay Guerrero.
Al respecto, algunos medios de comunicación como Correo intentaron comunicarse con el general Eswin Manay para obtener su versión sobre la investigación en su contra. Sin embargo, no lograron obtener declaraciones ni del general Manay, ni de la oficina de información.
