La congresista Ana María Choquehuanca ha iniciado una etapa indagatoria para verificar las medidas adoptadas ante las graves denuncias de acoso sexual reportadas por alumnas y alumnos de diversas universidades públicas y privadas en el país.
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Indicó que según lo dispuesto por el artículo 133° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, las universidades están obligadas a contar con una Defensoría Universitaria, como instancia encargada de tutelar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y de velar por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.
Asimismo, resaltó que el Decreto Legislativo 1410 sanciona el acoso sexual con una pena privativa de la libertad que podría llegar hasta los ocho años, si la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima.
En ese sentido, Ana María Choquehuanca se solidarizó con las víctimas de tan reprochable delito y exhortó a los centros educativos de educación superior a combatir la impunidad, mediante procedimientos internos rigurosos que otorguen las garantías necesarias a las víctimas y eviten que los culpables continúen utilizando sus aulas y el poder que ejercen en ellas como elementos que favorecen el acoso sexual.
De igual forma, destacó que, ante la supuesta comisión del ilícito al interior del claustro universitario, las autoridades universitarias se encuentran obligadas a informar a las instancias competentes, aun cuando los acusados ya no formen parte de la comunidad universitaria.
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