El expresidente Alejandro Toledo no es un prófugo de la justicia, está fuera del país, aseguró hoy el abogado Heriberto Benítez, defensor legal del exmandatario peruano en proceso de extradición desde Estados Unidos.
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Argumentó su particular “lectura técnica” de la situación legal de su patrocinado en el hecho de que cuando el exmandatario salió del país no tenía vigente una orden de captura.
“Yo diría que está fuera del país, es la lectura técnica que le doy, el Ministerio Público y los procuradores seguramente no coinciden con eso”, aseveró en Radio Nacional.
Dijo que su patrocinado no viene al país no porque tenga miedo, sino porque no hay garantías para que enfrente las investigaciones en su contra por el caso Ecoteva y el pago de coimas de la empresa Odebrecht por la carretera Interoceánica.
En su opinión, al expresidente le han dado una prisión preventiva sin escucharlo, lo que representa una condena anticipada.
Indicó que el proceso de extradición en Estados Unidos en contra de su patrocinado se encuentra en una primera etapa, de revisión de peligro procesal, tras lo cual se pasará al tema de fondo del pedido de extradición.
Benítez refirió también que la defensa del expresidente en Estados Unidos entregó al juez precedentes de otros casos en ese país en los cuales se concedió la libertad bajo fianza para casos de mayor gravedad de su patrocinado, por lo que estimó como posible que se le conceda la libertad bajo fianza.
Respecto al hábeas corpus denegado por el Tribunal Constitucional (TC) para anular el acuerdo del Consejo de Ministros que pide la extradición de Toledo, Benítez consideró como lamentable este fallo que no ha valorado los argumentos planteados por la defensa.
Indicó que la resolución suprema para la extradición se aprobó sin que existe documento de imputación contra su patrocinado y con vulneraciones al debido proceso.
Sostuvo que en el TC todavía falta resolver un pedido para anular la prisión preventiva contra Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, ambos investigados por las adquisiciones de propiedades a través de la empresa Ecoteva, con recursos que sería producto del pago de sobornos de la empresa Odebrecht.
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