Romina tiene 15 años y hace poco fue encontrada en un bar en la provincia de Sechura, cuando departía licor junto a tres parroquianos.

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CRUDA REALIDAD

Como en la mayoría casos, la adolescente fue “rescatada” y trasladada hacia el Departamento Contra la Trata de Personas de la Policía.

Sin embargo, cuando fue interrogada por el fiscal de turno sobre sus labores en dicho local, su respuesta causó asombro.

“A mi nadie me ha obligado, he ido por mi voluntad a trabajar ahí, me pagan muy bien y solo tengo que apreciar el trago con ellos, hacerles compañía”, manifestó.

Para el fiscal especializado en criminalidad organizada y contra la trata de personas, Orlando Urbina Cerqueira, el argumento de Romina es similar al de un 90% de adolescentes que son encontradas en circunstancias parecidas. Esto se debe, en su mayoría, a que la misma sociedad ve como algo normal este tipo de empleo.

La trata de personas, según el artículo 153 del código penal peruano, es el delito en el que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o cualquier beneficio; se capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a alguien, en el territorio de la República, o para su salida o entrada del país con fines de explotación. Se castiga con una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 15 años.

No obstante, según explica Urbina Cerqueira, existiría un vacío legal en la norma, que explicaría el por qué hasta la fecha, en la región de Piura, no hay ningún sentenciado por este ilícito.

“¿Cómo se puede fundamentar que existe explotación laboral o sexual como lo tipifica la norma? A ellas les pagan y les pagan muy bien, y de sexual no se podría hablar porque no son prostituidas, y la prostitución ya es otro delito, pero lo que sí se afecta es su desarrollo, en ningún trabajo está permitido que tomen licor. En este tipo de lugares se lucra con la sexualidad de la menor, y eso no se está castigando”, refirió.

LAS ESTADÍSTICAS

Semanalmente se realizan dos a tres operativos en bares y cantinas, donde casos similares al de Romina se ponen nuevamente sobre el tapete, sin que en la región exista, según César Orrego, de la Defensoría del Pueblo, un albergue para estas víctimas.

En la región de Piura existen alrededor de 800 bares clandestinos, los cuales en su mayoría se concentran en las zonas de puerto como Paita, Sechura, y en zonas donde se desarrolla la minería ilegal como Las Lomas, Paimas, Suyo, Carmen de la Frontera, etc.

De acuerdo a las estadísticas policiales, de enero a la fecha 40 adolescentes fueron encontradas ejerciendo este tipo de empleo. A inicios de abril, en un bar de Vice, una menor de 16 años fue encontrada ebria y con severas lesiones físicas. Pese a que la propietaria del bar y presunta autora de las lesiones fue intervenida por la Policía, solo fue procesada por agresión, más no por trata de personas.

Según el INEI, de enero a octubre de este año se han reportado 44 denuncias de trata en el Ministerio Público.

Y a nivel judicial, existen 28 procesos del año 2017, sin embargo, todos los imputados continúan en libertad.

Lo más lamentable, según el VI Informe Alternativo 2017-2018, es que el Estado apenas invierte veinticinco céntimos por persona para luchar contra la trata de personas, también denominada “la exclavitud del Siglo XXI”.

Tampoco se cuenta con un sistema único de registro de víctimas.

Fuente: Correo

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