En medio de una crisis penitenciaria marcada por el fortalecimiento de mafias que operan desde las cárceles, el presidente José Jerí anunció una dura medida: la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que asumirá sus funciones a partir de enero de 2026.
Al cumplirse dos meses de su mandato, el jefe de Estado presentó esta reforma como el primer cambio estructural amparado en las facultades legislativas otorgadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. Según explicó, el objetivo es recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, considerados uno de los principales focos de operación del crimen organizado.
Una nueva entidad para cortar la corrupción dentro del sistema
La Sunir reemplazará por completo al INPE. Asimismo, funcionará bajo un modelo renovado de administración, supervisión y resocialización. Jerí aseguró que esta estructura permitirá “romper prácticas enquistadas por la corrupción” y aplicar un control más estricto en los penales.
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Uno de los cambios inmediatos será la salida del actual presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, quien dejará el cargo en enero. Aunque continúa en funciones, el Ejecutivo precisó que se encuentra en una etapa de transición para garantizar el traslado ordenado de responsabilidades. Paredes es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, aunque el mandatario señaló que ha cumplido las instrucciones del Gobierno durante esta fase temporal.
Un sistema heredado con serias deficiencias
Jerí sostuvo que recibió un sistema penitenciario marcado por el abandono, la corrupción y la infraestructura deteriorada, donde los cabecillas continúan delinquiendo desde prisión. Criticó además que en gestiones anteriores se permitiera el uso de teléfonos públicos dentro de los penales, herramienta desde la cual se organizaban extorsiones y otros delitos.
El presidente reveló que desde 2010 todas las llamadas realizadas desde los establecimientos penitenciarios están registradas. Sin embargo, lamentó que las autoridades anteriores no hayan empleado esa información para desactivar redes criminales.
