El Gobierno autorizó a la administradora del Seguro Integral de Salud (SIS) a afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional que no cuente con seguro de salud. Esto independientemente de su clasificación socioeconómica, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud.
Así lo establece el Decreto de Urgencia Nº 046-2021, publicado en el diario oficial El Peruano, que tiene por objetivo dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan asegurar la protección de toda la población que enfrente algún evento negativo y no cuente con un seguro de salud, en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.
Gobierno autoriza al SIS a afiliar
La norma precia que al SIS financiación de la afiliación. Así como la prestación de salud a toda la población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y alto andinas sin seguro de salud.
Para tal efecto, el Gobierno autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las modificaciones presupuestarias. Esto con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por 250 millones de soles a favor del SIS.
De este presupuesto, 196 millones 343,901 soles se destinan para financiar las acciones a cargo del SIS en relación con la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y Planes Complementarios de los afiliados en el marco del Decreto de Urgencia N° 017-2019. Así como para afiliar a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional.
Trasplantes y tratamientos oncológicos
Asimismo, 30 millones 355,747 soles se destinarán para financiar prioritariamente la atención de trasplantes y tratamientos oncológicos de los tipos de cáncer. Estos incluidos en la Lista de Enfermedades de Alto Costo (LEAC).
Otros 23 millones 300,352 soles serán para financiar la afiliación y la prestación de salud a toda población indocumentada de las comunidades nativas amazónicas y altoandinas que, durante el Año Fiscal 2021, no cuente con ningún seguro de salud, independientemente de la clasificación socioeconómica, con la finalidad de garantizar la protección del derecho a la salud.
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