Tras la cuestionada intervención policial a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra el ministro del Interior, Vicente Romero, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado.

Como se recuerda, el sábado 21 de enero, un fuerte contingente policial y tanquetas de la PNP, realizó una intervención en las instalaciones de la ciudad universitaria de la UNMSM, la cual albergó a un grupo de personas que llegaron desde diferentes provincias para sumarse a las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.

En el operativo que no contó con presencia de una representante del Ministerio Público y fue catalogado como abusivo, se intervinieron a 193 personas, entre estudiantes y manifestantes, quienes luego de 24 horas fueron liberadas por la Fiscalía.

En declaraciones a la Agencia Peruana de Noticias (ANDINA), el ministro del Interior señaló que la intervención en San Marcos se dio en requerimiento de las autoridades de dicha casa de estudios.

Asimismo, afirmó que el operativo estuvo sujeto al empleo de los procedimientos establecidos en normas internacionales y de las normas legales del país.

Intervención policial en la UNMSM ocurrida el sábado 21 de enero.
Intervención policial en la UNMSM ocurrida el sábado 21 de enero.

Más denuncias 

Como se sabe, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides anunció el pasado martes 10 de enero, la apertura de nuevas carpetas fiscales contra la presidenta Dina Boluarte y altos funcionarios, por los fallecimientos, 17 ciudadanos y un policía, que ocurrieron durante los enfrentamientos, en la ciudad de Juliaca, en Puno.

“Ya hay una investigación aperturada de las diligencias preliminares correspondientes a los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy (martes 10 de enero), estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal”, sostuvo Benavides en aquel entonces.

Del mismo modo, el pasado 06 de enero, el Ministerio Público dispuso iniciar investigaciones contra la mandataria, el premier Alberto Otárola y el exministro del Interior, César Cervantes, tras las muertes registradas durante las protestas en el mes de diciembre en varias ciudades del sur del país.

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