En los últimos días, dos funcionarios públicos directamente vinculados a importantes proyectos de agua potable en la región han renunciado a sus cargos en el Ministerio de Vivienda. Nos referimos a Jorge Bustamante, exviceministro de Construcción, y Néstor Supanta, exdirector ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
Esta situación no ha pasado desapercibida para los colectivos civiles de Piura y Sullana, ya que el PNSU está a cargo de cinco obras de importante envergadura en ambas provincias que beneficiarán a más de 700 mil personas.
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En relación con esto, Oscar Vegas, exdirigente del barrio Buenos Aires en Sullana, mostró su preocupación por estas abruptas salidas. Vega señaló que espera que esta decisión no modifique el cronograma de licitación del proyecto de agua potable que beneficiará a los distritos de Piura, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo.
«Estos cambios generan escepticismo en la población. Últimamente se han venido postergando importantes obras que tiene a su cargo el PNSU en la provincia de Sullana. Estamos a pocos días de que se convoque la licitación para uno de los proyectos (10 de mayo), y este cambio no hace más que aumentar la desconfianza hacia las autoridades», declaró Vegas.
El dirigente también expresó su preocupación por otras dos importantes obras que hasta la fecha no tienen un cronograma de licitación. Se refiere a los trabajos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
«Nosotros, como población civil, estaremos alertas ante cualquier irregularidad. No descartamos convocar a un paro provincial si se vuelve a postergar la adjudicación de la buena pro del proyecto de agua en Sullana», agregó.
Malestar en Piura
La renuncia de Supanta y Bustamante también ha generado preocupación en la sociedad civil de Piura. En ese sentido, el dirigente Máximo Vargas hizo hincapié en la inestabilidad que existe en el Ministerio de Vivienda, la cual perjudica la ejecución de las obras.
«La renuncia de Supanta, al igual que la de Bustamante, no es bien recibida por la población, ya que son dos funcionarios directamente vinculados al proyecto de 96 AA.HH. Creemos que la gestión de la ministra Hania Pérez de Cuéllar es deficiente y debe dar un paso al costado», declaró Vargas.
Por su parte, Wilder Farfán, presidente del Comité Sectorial para agua y alcantarillado del distrito de Castilla, se mostró más calmado ante esta situación. Aseguró que existe preocupación en la población, pero dijo que esto no debería afectar la programación de las adjudicaciones.
«Como población organizada, seguimos vigilantes. Estamos considerando activar un paro regional en el mes de julio en caso de que el gobierno central no cumpla sus promesas», apuntó.
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