El Gobierno ha declarado en emergencia ambiental, por un plazo de 90 días hábiles, el área geográfica que comprende la zona marina costera. Ello, tras el derrame de petróleo ocurrido el sábado 15 de enero en las playas ubicadas al norte de la capital.

Asimismo, con el objetivo de garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados; realizando los correspondientes trabajos de recuperación y remediación mitigar la contaminación ambiental. Con el fin de proteger la salud de la población; y en el marco de las acciones del Comité de Crisis Ambiental conformado por el Poder Ejecutivo, liderado por el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.

Entre los considerandos de la citada norma legal, se menciona que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); es quien verificó la presencia de hidrocarburos en el mar y en la franja de playa (arena).

Reporte de Servicio Nacional de Áreas Protegidas

Asimismo, se sustenta en el reporte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el cual comprobó que el petróleo derramado se desplazaba con la corriente en dirección norte; afectando las áreas de los Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en 512 hectáreas aproximadamente y la Zona Reservada Ancón en 1758.1 hectáreas, afectando la biodiversidad de dichos ecosistemas.

De acuerdo con la Resolución Ministerial, “el derrame de petróleo crudo constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino costero de alta diversidad biológica (fauna silvestre y recursos hidrobiológicos), y un alto riesgo para la salud pública; por lo que considera la procedencia de la Declaratoria de Emergencia Ambiental”.

Cabe precisar que, el ámbito de la Declaratoria de Emergencia Ambiental es dinámico viendo la naturaleza donde ha ocurrido el derrame.

La norma publicada este martes 22 de febrero, en el diario “El Peruano” establece que la ejecución del plan de acción inmediato y de corto plazo está a cargo de la empresa, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, según sus competencias; para lo cual se articula en tres ejes estratégicos: calidad ambiental, salud e institucionalidad. Con esto se busca una acción sinérgica en el territorio, asociado a los niveles de riesgo, exposición y respuesta para los aspectos antes indicados. El Minam realizará las acciones de seguimiento respectivo.

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