La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura demandó a las autoridades del sistema de justicia garantizar e investigar los casos de violencia

En agravio de niñas, niños y adolescentes de la región que aún en tiempos de coronavirus siguen siendo violentados.

Esto a fin de garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna, y que los presuntos responsables reciban las sanciones que correspondan.

Caso de maltrato infantil

Ellos conocieron el caso de un niño de tres años de edad, de nacionalidad venezolana, que fue violentado física y psicológicamente, la oficina defensorial acudió al Hospital Santa Rosa para verificar la atención que venía recibiendo.

“Los médicos confirmaron el diagnóstico de politraumatismo, celulitis periorbicular, quemaduras y además se debía descartar traumatismo periorbicular y desviación en el tabique”, manifestó César Orrego, representante de la Defensoría del Pueblo en la región.

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Asimismo, la oficina defensorial gestionó la afiliación del niño al Seguro Integral de Salud (SIS), a fin de garantizar el acceso a la salud.

Estas entidades fueron quienes informaron que iniciaron el procedimiento por desprotección familiar.

La Defensoría del Pueblo en Piura invocó a las autoridades del sistema de protección a garantizar la salud, la integridad y la vida del niño.

Así como también se procese a los responsables por vulnerar los derechos del niño a su integridad física y psicológica.

Garantizar la no difusión de imagenes

Por otro lado, la institución expresó su preocupación por la reiterada difusión de imágenes en redes sociales donde se expone al niño.

Al respecto, el artículo 6.4 del Código de los Niños y Adolescentes establece que cuando algún menor de edad se encuentre involucrado como víctima de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad.

Esto implica no publicar ni su imagen a través de los medios de comunicación, lo que incluye las redes sociales.

En ese sentido, se exhorta a las autoridades competentes de atender y proteger a la niñez y adolescencia a guardar la reserva de la imagen de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, evitando su difusión, en estricto respeto de su interés superior, privacidad e integridad.

Finalmente, la institución recordó a las autoridades sanitarias y de justicia su obligación de brindar la máxima protección de niños y adolescentes.

Los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, más aún durante el estado de emergencia a causa del COVID-19.

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