Durante una nueva supervisión al Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, la Defensoría del Pueblo advirtió que el proceso de transferencia de titularidad no concluido – del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- está generando diversos problemas en el funcionamiento del centro y no permite concretar mejoras en la infraestructura y seguridad.

Teniendo en cuenta que actualmente residen 138 jóvenes infractores, cuando el centro tiene una capacidad para 95, se necesita establecer y ejecutar un plan integral para la mejora total de la infraestructura.

Además, el proceso de transferencia está generando retrasos en la entrega de fondos destinados a la caja chica, lo que pone en serio riesgo la adquisición de alimentos y los pagos de servicios básicos, así como la paralización de los procesos de contratación de personal.

En torno a la seguridad del centro juvenil, se requiere mejorar el cerco perimétrico que actualmente se encuentra en serio riesgo de caer y la contratación de ocho agentes de protección externa. Asimismo, se advirtió que el cerco eléctrico y el arco detector de metales se encuentran inoperativos, y se necesita un mayor número de cámaras de video vigilancia para la zona externa.

La Defensoría encontró varias deficiencias en el lugar durante su visita.

A pesar de ello, la Oficina Defensorial de Piura verificó la atención de algunas de sus recomendaciones, como el cambio de algunos electrodomésticos obsoletos en el área de cocina, la mejora de las instalaciones sanitarias y eléctricas en algunos patios, así como la implementación de extintores y la realización de fumigaciones.

Sin embargo, aún se mantienen inoperativos los servicios higiénicos del Programa II, después del intento de motín registrado el último 15 de julio.

La información recogida será compartida con la dirección del Centro Juvenil Miguel Grau, a fin de que se tramiten los requerimientos necesarios para mejorar las instalaciones y prevenir situaciones de emergencia al interior. Finalmente, la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento necesario para que se ejecute la transferencia de titularidad de este y los otros ocho centros juveniles a nivel nacional.

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