La Defensoría del Pueblo en Piura ha recibido más de 120 pedidos de intervención, en el Establecimiento Penitenciario de la región, desde que se estableció el estado de emergencia sanitaria.
Según detalló, la gran mayoría de estas solicitudes son motivadas por falta de atención médica a internos con síntomas de COVID-19 u otras patologías. Además de maltratos, falta de medicamentos, personal de salud, entre otros.
Asimismo, la Defensoría indicó que dichos pedidos fueron tramitados, oportunamente, y trasladados a la dirección del establecimiento penitenciario. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido una atención oportuna.
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Preocupación
Ante ello, dicha entidad manifestó que esta situación genera gran preocupación, debido al incumplimiento al deber constitucional de cooperación, hacia la Defensoría del Pueblo. Además, por la falta de transparencia en la información, sobre el impacto del covid-19 en la población penitenciaria.
“Ante las alarmantes deficiencias del servicio de salud en el penal de Piura, demandamos, tanto a la dirección del penal y a la Oficina Regional Norte del INPE, cumplir con las disposiciones, en relación a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Asimismo, exhortamos al cumplimiento del deber de cooperación para con la Defensoría del Pueblo”. Así lo precisó César Orrego, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo, en la región.
Labor de la Defensoría
Por otro lado, se informó que, durante el estado de emergencia, que inició cinco meses atrás, la intervención defensorial en penales se ha intensificado. Esto, sobre todo, ante el aumento de pedidos sobre el estado de salud de los internos.
Además, de la falta de información concreta sobre el estado de salud, atención médica y medidas de contención para enfrentar el virus y restituir los derechos de los internos.
