En lo que va del año se han iniciado 89 procesos judiciales impulsados por la Procuraduría Pública de la Contraloría General, en los cuales están involucrados más de 630 funcionarios públicos, informó el contralor general Nelson Shack.

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El monto involucrado en los servicios de control que sirvieron de base para iniciar estos procesos judiciales asciende a 355 millones de soles, de los cuales 282 millones corresponden a procesos penales y 73 millones a procesos civiles.

En su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Shack detalló que entre enero y agosto de este año, la Contraloría ha concluido un total de 12,887 servicios de control, de los cuales 11,666 corresponden a control simultáneo, 1,164 a control posterior y 57 a control previo.

Absorción de los OCI

Respecto de la gestión anual de la Contraloría General y los resultados de la implementación de la Ley  30472, Shack informó que se viene realizando un incremento en la cobertura del control gubernamental con la absorción gradual de los Órganos de Control Institucional (OCI).

Agregó que del 2017 a la fecha se ha incrementado de 141 a 305 el número de jefaturas de los OCI con personal de la Contraloría, y que a fin de año se estima concluir con la absorción administrativa de los OCI provinciales y distritales de Lima y Callao, así como de los principales distritos de todo el país.

Control concurrente

Recordó que en la última década el Sistema Nacional de Control envió más de 9,500 casos de funcionarios públicos con indicios de responsabilidad como producto de las auditorías, de las cuales solo 78 tuvieron sanción penal.

En el ámbito civil, se remitieron más de 600 casos de funcionarios públicos con presunta responsabilidad civil debido a que con sus acciones ocasionaron perjuicio económico por más de 1,400 millones de soles, de los cuales solo se recuperaron 14 millones.

El contralor general anotó que para que el control posterior sea efectivo depende de otros aspectos, como la reforma política, reforma de justicia, la reforma del control, por lo que la Contraloría ha concentrado sus esfuerzos en el control preventivo o concurrente.

Por ello, en el 2018 se han hecho 100 controles previos, 18,000 acciones simultáneas y 2,000 mil acciones de control posterior.

En ese aspecto, Shack señaló la necesidad de que el Congreso de la República apruebe el proyecto de Ley  3574 que, entre otros aspectos, amplía el modelo de control concurrente para las obras con una inversión superior a los 100 millones de soles, a nivel nacional, que ha demostrado tener un efecto positivo y fundamental en la prevención de la corrupción.

Impedimento para sancionar

Respecto a la responsabilidad administrativa, enfatizó que actualmente no es posible aplicar sanciones administrativas debido al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió –desde abril de este año– la capacidad sancionadora de la Contraloría, por lo que solicitó prioridad en la aprobación del proyecto de Ley 4267 que la restituye.

Esta situación ha generado que quedan en la impunidad casos que involucran a más de 15,000 funcionarios públicos, en quienes se ha propuesto responsabilidad administrativa por hechos en materia de inconducta funcional, además de responsabilidad civil y penal por corrupción.

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