Debido a los más de 7 mil informes que develaron situaciones de riesgo, la Contraloría General de la República determinará presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de recursos públicos asignados durante la emergencia sanitaria. Así lo anunció el contralor general, Nelson Shack Yalta.
El contralor anunció ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 del Congreso de la República, que este año se iniciará el control posterior para identificar las responsabilidades administrativas, civiles y penales de funcionarios públicos.
Primero, se verificará si las autoridades atendieron y activaron las medidas necesarias para mitigar las situaciones adversas identificados desde marzo, según indicó el contralor Shack. Asimismo, afirmó que el control posterior implicará el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios, esto motivará posibles denuncias ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El contralor también recordó que ya se alcanzó al Ministerio Público la relación de los 4,200 funcionarios públicos que se habrían beneficiado indebidamente con canastas básicas familiares.
Irregularidades identificadas
Nelson Shack informó que ya se han identificado irregularidades en municipios y centros de salud de Áncash y San Martín. Asimismo, expresó que nueve funcionarios y servidores públicos en San Martín recibieron canastas pese a ganar más de S/ 3,000 mensuales.
Además, indicó que hallaron faltas en la prevención de contagios del personal de la comisaría de Pacayzapa (Lamas), según el Informe de Visita Control N°5421-2020-CG/GRSM-SVC.
Por otro lado, se identificaron 12 hechos adversos respecto a los procesos de implementación de medidas de bioseguridad en el establecimiento penitenciario de Moyobamba.
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— Walac Noticias (@WalacNoticias) July 6, 2020
