La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 375 026 por el irregular otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal del hospital de Apoyo II-2, que no cumplía con los criterios establecidos, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
A través del Órgano de Control Institucional (OCI), del Gobierno Regional de Piura, la Contraloría dio cuenta que estos beneficios se pagaron al margen de la normativa establecida en los Decretos Supremos N° 068-2020-EF y N° 184-2020-EF.
Según el Informe de Control Específico N° 008-2022-2-5349-SCE, la comisión de auditores evidenció que, entre abril y diciembre de 2022, el nosocomio consideró como beneficiarios del bono COVID, ascendente a 720 soles, a trabajadores que no cumplían con los criterios correspondientes.
¿El problema? el hospital de Apoyo II-2 (Sullana) incluyó, como beneficiarios, a personal asistencial que no realizó labores presenciales y administrativas vinculadas a los servicios de alerta y respuesta ante la pandemia.
De igual forma, la entidad consideró el pago de reintegros a personal asistencial que realizó labores de carácter administrativo, toda vez que se desempañaron como jefes de departamento o servicio. Dichas labores tampoco se enmarcan en los criterios que define la normativa.
Los implicados
El OCI identificó presunta responsabilidad administrativa y civil de tres exfuncionarios involucrados.
En primer lugar, el exdirector del hospital no habría velado por el estricto cumplimiento de los criterios establecidos para una adecuada identificación de los beneficiarios.
Acoplándose al actuar irregular, la entidad acusa a la exjefa de la Unidad de Personal y a la abogada que emitió un informe legal, con el cual se sustentaron las resoluciones directorales que aprobaron los pagos.
Acciones
Los resultados del informe fueron comunicados al gobernador regional de Piura para que implemente las recomendaciones formuladas y disponga el deslinde de responsabilidad administrativa de los exfuncionarios comprendidos en estos hechos.
Adicionalmente, se ha puesto de conocimiento al Procurador Público de la Contraloría para el inicio de acciones legales contra las personas involucradas.
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