En el último semestre de 2024, la Contraloría General de la República emitió un total de 1334 alertas por situaciones adversas en actividades de gestión pública realizadas en la región Piura. Estas observaciones se presentaron a través de 721 informes de control simultáneo, dirigidos a entidades del gobierno nacional, regional y local.
Principales sectores afectados
Los sectores con mayor cantidad de riesgos identificados fueron Educación (225), Transportes (142), Saneamiento (115) y Salud (108). Estas alertas buscan que los gestores públicos adopten medidas correctivas para garantizar que las acciones cumplan con los objetivos previstos en beneficio de la ciudadanía.
A nivel del Gobierno Regional, se identificaron 372 situaciones adversas. De estas, 134 se corrigieron o están en proceso de solución. Mientras que 79 no recibieron atención, 156 no tuvieron acciones al respecto y 3 se desestimaron.
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El Gobierno Nacional registró 131 alertas en la región. De estas, 52 se solucionaron o están en proceso, 17 permanecen sin corregir y 62 no han tenido acciones concretas.
En el ámbito local, se notificaron 831 riesgos. Hasta la fecha, 197 se corrigieron o están en proceso, una cifra similar permanece sin atención, 433 tuvieron acciones y 4 se desestimaron.
Control posterior: Identificación de responsabilidades
Además del control simultáneo, la Contraloría General realizó 161 informes de control posterior durante el mismo periodo. En este contexto, se identificaron presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en 248 funcionarios públicos por irregularidades o inconductas funcionales.
Entre los hallazgos destacados, 54 informes de auditoría de cumplimiento y control específico evidenciaron un perjuicio económico de 11.7 millones de soles en la región.
A nivel nacional
De forma global, la Contraloría reportó 36 199 alertas por riesgos en la gestión pública en el país. Los sectores más afectados fueron Educación (5582), Transportes (3777), Salud (3669), Saneamiento (2671) y Ambiente (2504).
Por otro lado, el control posterior emitió 5042 informes que señalaron presuntas irregularidades en 6047 funcionarios públicos. Esto generó un perjuicio económico total de 478 millones de soles a nivel nacional.
La Contraloría exhortó a las entidades públicas a atender estas alertas para corregir los riesgos identificados. Asimismo, prevenir perjuicios económicos y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente en beneficio de la población.
